El anillo vial seguirá sin el apoyo de ediles

ROCA (AR).- El Ejecutivo roquense no tomará en cuenta la decisión del Deliberante de rechazar la resolución que abre paso a la reactivación del anillo vial circulatorio.

Ratificando la validez de la norma que estableció el nuevo costo de la obra (casi 6 millones de pesos), ayer se informó que sólo se aguardará el control previo del Tribunal de Cuentas De obtenerse el visto bueno del órgano contralor se avanzará hacia el reinicio de los trabajos, que pretenden concluir el asfalto que conectará a toda la zona periférica de Roca con el objetivo de agilizar el tránsito por la ciudad.

La polémica se desató luego de que la Comisión de Gobierno del Deliberante aprobara el dictamen para devolver al Ejecutivo la Resolución 1.365, por considerar improcedente que haya sido emitida "ad referéndum" del Legislativo y se demande para su aprobación una sesión extraordinaria.

El argumento de los ediles fue que sólo se puede transitar por esa vía cuando el Concejo no está en período ordinario de sesiones, es decir entre el 1 de enero y 28 de febrero Además recordaron que el cuerpo ya tiene para su tratamiento un proyecto de ordenanza, que también persigue la autorización al Ejecutivo para endeudarse por el doble del monto que se aprobó en el año 2000, cuando se proyectó el anillo vial.

Sin embargo, esas explicaciones no fueron suficientes para el intendente, Ricardo Sarandría, y sus funcionarios El gabinete insistió en la validez de la Resolución 1.365 y en consecuencia, entendió que la norma ya tiene fuerza de ordenanza, porque vencieron los cinco días de plazo que tiene el Concejo Deliberante para pronunciarse cuando le envían una iniciativa "ad referéndum".

"Es extraño el rechazo por esos motivos a la resolución "ad referéndum", porque en los últimos meses, dentro del período ordinario, más de una normativa se aprobó por esa vía y el Concejo nunca objetó nada", sostuvo el secretario de Hacienda, Marcelo Pirri.

El apuro por conseguir la autorización al mayor endeudamiento surgió luego de que el BID manifestara conformidad con la renegociación del contrato entre el municipio y la empresa Quidel - Sapac.