Al final, el proyecto Chihuido II no pasó el tamiz de la Legislatura

NEUQUEN (AN).- Después de casi cuatro meses de estudio, los diputados de la Comisión de Energía de la Legislatura dictaminaron ayer que hay varias cláusulas desfavorables para la provincia en el contrato que presentó el Poder Ejecutivo neuquino para ejecutar el proyecto multipropósito Chihuido II En consecuencia, propusieron diversas observaciones que se plasmarán en un proyecto de resolución con el objeto de que el gobierno neuquino las renegocie con el grupo empresario Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA) y Lagarde SA a cargo de la ejecución del emprendimiento para incorporarlas en el contrato. Aunque el documento definitivo estará el próximo miércoles para su posterior tratamiento en el recinto. Por lo pronto, objetaron la dolarización directa del monto que debe aportar la provincia. En mayo de 2000, cuando se sancionó la ley que convocaba a licitación por Chihuido II, la Cámara autorizó un aporte del Estado neuquino de 129 millones de pesos. En ese momento estaba vigente el régimen de convertibilidad Sin embargo, el contrato que presentó este año el gobierno provincial asegura ese aporte en la moneda estadounidense. Por eso, quieren conocer los fundamentos y los parámetros de esa conversión directa de pesos a dólares. Determinaron durante la reunión que se realizó ayer al mediodía que el Estado provincial debe aportar sólo hasta un 25% de los 30.381.015 dólares que cuestan los estudios de factibilidad de la obra. La documentación que había promovido el gobierno establecía que la provincia solventaría los dos tercios del valor de esos estudios, mientras que el inversor privado el tercio restante.

Del encuentro participaron legisladores de los distintos bloques que argumentaron que en ningún lugar del contrato está detallado cómo se gastarán esos 30 millones de dólares. Y subrayaron que le corresponde al grupo privado aportar la mayoría de esos costos "La empresa es la que viene a proponer la obra por el mecanismo de iniciativa privada", recalcó el presidente de la comisión, el aliancista Oscar González. Y recordó que esa norma es para realizar aquellas obras públicas que el Estado no puede realizar por falta de recursos. Rechazaron que la provincia asuma el doble rol de concedente y concesionaria. Por el contrario, demandan que desempeñe el rol exclusivo de concedente. Entienden que si la provincia es socia del grupo deberá pagar un eventual aumento de capital si la obra supera los cálculos previstos por IMPSA Solicitarán al Ejecutivo que remita a la Legislatura una estimación del importe que significará para las arcas de la provincia las expropiaciones de las hectáreas donde se emplazará el complejo. Y desestimaron el planteo de la firma que exige una compensación si hay demora en el proceso expropiatorio Acordaron incorporar las propuestas de los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul que piden, entre otros aspectos, modificar el tiempo de ejecución del ducto que transportará agua a ambas localidades. También requerirán que se incluya una cláusula en el contrato para que si se produce un conflicto entre la provincia y la empresase dirima en los tribunales provinciales. Esa iniciativa la planteó el legislador del ARI, Carlos Moraña, y logró el consenso de sus pares de la comisión.