Piden asesoramiento ante el reclamo de usuarios de la energía

VIEDMA (AV).- La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomará intervención asesorando al organismo similar de Río Negro en el controvertido caso del reclamo que usuarios de Edersa presentaron para que se les devuelva lo que pagaron demás, luego de conocerse los resultados de la Comisión Investigadora que determinaron un sobrecosto de 225 pesos por abonado en la tarifa.

La titular de la defensoría rionegrina, Nilda Nervi de Belloso, explicó que se pidió apoyo, dado que el organismo que preside Alejandro Nató "tiene toda la infraestructura y el recurso humano técnico" como para profundizar esta cuestión y así alcanzar una definición.

Insistió en que "necesitamos certeza y seguridad porque se trata de situaciones complejas y de extrema gravedad" para dar "seguridad a los rionegrinos" que luego quieran presentar demandas judiciales en ese sentido.

Desde hace varios días, la defensoría rionegrina comenzó a evaluar la presentación vecinal que reclama su intervención por el sobrecosto abonado entre 1996 y 2001. Se pide que esa entidad accione judicialmente para obtener un reintegro tarifario de Edersa. En este marco la defensora dispuso enviar a Buenos Aires a un integrante del organismo para que imponga de la situación al equipo consultor que le dará su veredicto acerca de si en la legislación vigente encuadra su participación, como para que los usuarios sean resarcidos. Recién la semana próxima habría un pronunciamiento oficial en ese sentido, trascendió de fuentes de la defensoría.

El debate del valor energético se planteó cuando la comisión legisladora que investigó operaciones energéticas en la gestión de Verani concluyó que aquel contrato determinó un sobrecosto en favor de la Turbine por 34 millones de dólares en un plazo de cinco años, entre 1996 y 2001. Un cálculo inicial establecía que unos cinco millones fueron abonados por el Estado rionegrino (ERSA) mientras los otros 29 millones se facturaron directamente a Edersa, que trasladó hasta el 2001 ese costo de generación a los usuarios. Por eso, en un análisis lineal, bien se advierte que cada usuario eléctrico abonó en esos cinco años unos 225 pesos frente a lo que correspondía por el contrato original.

Después de la información legislativa conocida el 11 de julio pasado, un grupo de vecinos de Viedma, Sierra Grande y San Antonio solicitaron a la Defensora del Pueblo que "se avoque al estudio pormenorizado" de las conclusiones de los diputados.