Otra muestra de disparidad de criterios del juez Abelleira

Durante la feria, el magistrado neuquino se negó a allanar una dependencia oficial en bus-ca de pruebas sobre presuntas irregularidades pese a la existencia de una denuncia y un pedido fiscal. Pero dispuso siete allanamientos simultáneos en

El juez Abelleira volvió a tener actitudes contrapuestas.

NEUQUEN (AN)- El juez Roberto Abelleira exhibió una nue-va muestra de su disparidad de criterios, al disponer medidas diametralmente opuestas ante dos denuncias que recibió durante la feria judicial de invierno.

En uno de los casos, se negó a allanar una dependencia oficial ante una denuncia acerca de que estaban utilizando elementos y mercaderías del Estado para la campaña interna del Movimiento Popular Neuquino.

En el otro, ordenó siete allanamientos a otras tantas viviendas de cadetes de la Policía con el único fundamento de que habían estado en una armería de la cual desapareció un arma.

Según trascendió de fuentes judiciales, el primero de los hechos se originó a partir de una presentación de Fernando Morales, líder de la lista Tierra, opositora al oficialismo del MPN.

En plena campaña electoral, Morales denunció que la lista de Jorge Sobisch utilizaba un centro de datos de Corfone donde hay más de 20 computadoras carga-das con datos de beneficiarios de planes sociales. Dijo que allí no estaban los padrones de afiliados, sino de personas necesitadas de recursos.

Aseguró que en ese lugar había mercadería del Estado que podría ser distribuida entre los electores con la finalidad de influir en su voluntad. La denuncia agregaba que en Corfone estaban trabajando para la campaña más de 20 personas, entre ellos empleados de organismos del Estado y del Banco Provincia.

La fiscalía de Delitos contra la Administración Pública le pidió un allanamiento a Abelleira, juez de turno durante la feria, para comprobar las irregularidades mencionadas en la denuncia. Pero el magistrado se negó a realizar el allanamiento por falta de pruebas, indicaron las fuentes consultadas.

Como las pruebas estaban en el lugar que se pretendía allanar, explicaron las fuentes, la fiscalía insistió con su pedido. Pero Abelleira contestó que su decisión era inapelable.

El trámite podría haber continuado en una instancia superior con un recurso de queja ante la Cámara, pero habría demorado tanto tiempo que se corría el riesgo de perder las pruebas. En consecuencia, el caso se cerró y jamás se sabrá si Morales decía la verdad o no.

Esa misma semana ocurrió otro episodio que tuvo distinta resolución. Las fuentes judiciales consultadas lo pusieron como ejemplo de la disparidad de criterios de Abelleira.

Un armero denunció que en su comercio le faltó un arma. En su presentación agregó que el día del presunto robo habían estado allí siete becarios que estudian para ser agentes del servicio penitenciario provincial. En efecto, fueron a consultar por un repuesto para un arma.

Abelleira consiguió la lista de todos los cadetes, les restó aquellos que estaban fuera de Neuquén capital (el hecho ocurrió en pleno receso) y así llegó a la lista de los siete que habían visitado la armería. Todas sus viviendas fueron allanadas, y además se les inició un sumario a cargo de Asuntos Internos.

Abelleira tiene antecedentes por hechos similares. Por ejem-plo, aceptó la causa de la cámara oculta a pesar de que en una ocasión anterior se había excusado de intervenir en otro expediente en el que estaba involucrado el Banco Provincia de Neuquén, con el que tiene un abultado endeudamiento. En la causa de la cámara oculta, el BPN está mencionado más de una ocasión.

Y una vez con esa causa en su poder la archivó porque no aceptó los videos filmados por Jorge Taylor, pese a que durante la investigación del asesinato de Félix Martínez había admitido un casete de audio como prueba.