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DERECHOS HUMANOS

España no pidió las extradiciones y los ex represores serán liberados

En ese país creen que serán juzgados en la Argentina. Kirchner le metió mayor presión a la Corte Suprema.

Los ex militares fueron detenidos en la Argentina a pedido del juez español Baltasar Garzón, quien los quería juzgar por genocidio, terrorismo y torturas.

BUENOS AIRES.- El Gobierno de España resolvió ayer desistir de tramitar la extradición de 40 presuntos represores argentinos detenidos aquí y que afrontan cargos en Madrid por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por lo que los acusados recuperarán la libertad en las próximas horas La medida está dentro de la estrategia que lleva adelante el gobierno de Néstor Kirchner, ya que con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, más la adhesión a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, se pretende que los ex represores sean juzgados en el país. Ahora la presión se traslada a la Corte Suprema, que debe definir sobre la constitucionalidad de las normas de amnistía.

En una causa con una frondosa trama, el juez español Baltasar Garzón pidió semanas atrás la detención de 46 ex represores de la última dictadura militar. La solicitud fue implementada por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, que detuvo a 39 ex militares y un civil. El magistrado argentino esperaba que se cumpliera el proceso de extradición, medida que ayer finalmente se cayo ante la decisión del gobierno español.

El Consejo de Ministros "ha acordado la no tramitación de la extradición activa de Omar Graffigna y de otras 39 personas reclamadas" por el juez Garzón, dijo ayer Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno español que encabeza José María Aznar Al adoptar la decisión, el gabinete de Aznar tuvo en cuenta que el Tratado de Extradición admite rechazar el juzgamiento extraterritorial "cuando los tribunales del país de origen (en este caso Argentina) son competentes para enjuiciar los delitos" en cuestión, explicó Rajoy El Gobierno de España tomó nota de la preferencia del presidente Kirchner de someter a juicio a los represores argentinos en el ámbito de la justicia nacional, aunque aún existen obstáculos jurídicos para avanzar en esos procesos "Nosotros no queremos que haya impunidad en la Argentina, pero es una decisión de España", afirmó Kirchner desde El Calafate.

Por su parte el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral explicó que "apenas tenga información oficial voy a proceder a la liberación" de los 40 represores detenidos aquí por requerimiento de Garzón Canicoba aguardaba una comunicación oficial de la Cancillería para poner fin al proceso que había iniciado, por pedido de su colega ibérico. Seis de los 40 detenidos enviaron a sus representantes legales a los tribunales para reclamar su inmediata libertad, pero Canicoba resolvió no adoptar medida alguna hasta tanto reciba información oficial. En cualquier caso, si el juez no recibe una comunicación de la Cancillería que reporte la decisión del Gobierno de Aznar deberá, de todos modos, comenzar a liberar a los acusados a partir del martes, ya que vencerá el plazo establecido por el Tratado de Extradición para que España formalice ante Argentina su requerimiento de ayuda jurídica, desistido ayer desde Madrid.

La decisión de España fue fundamentada en "la firme voluntad" que expresó públicamente Kirchner "de proceder al enjuiciamiento de esas personas" dentro de las fronteras argentinas, indicó Rajoy La administración Kirchner promulgó anoche la ley que declaró la nulidad de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, que exculparon a los responsables de delitos contra la humanidad perpetrados en la dictadura "Ahora le toca decidir a la Corte sobre la reapertura de los procesos" a militares, razonó Kirchner La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente una resolución sobre la validez de las leyes de impunidad, que fueron declaradas nulas e inconstitucionales por la Cámara Federal porteña El Congreso, por otra parte, dejó sin efecto las normas en una medida que tiene consecuencias políticas pero no jurídicas.

El dictador Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera, de todos modos, continuarán bajo arresto domiciliario porque cumplen prisión preventiva por el robo de bebés. Esa causa será elevada a un Tribunal Oral En idéntica situación a la de Videla y Massera se encuentran otros militares con procesos penales abiertos tanto aquí como en España, entre ellos el ex almirante Rubén Franco, el ex general Carlos Suárez Mason, el prefecto Héctor Febres y el ex marino Jorge Acosta, alias "El Tigre". En cambio, recuperarán la libertad en las próximas horas quienes sólo hayan sido detenidos a pedido de Garzón. Entre ellos se encuentran el ex teniente de fragata Alfredo Astiz y el ex general del Ejército Antonio Bussi (Redacción central y DyN)

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