Viernes 22 de agosto de 2003

DERECHOS HUMANOS

Videla podrá ser juzgado por el robo de bebés

La Corte desestimó los planteos de "cosa juzgada". Fayt: "Sería triste que presionaran a la Corte". El tribunal dijo que fue "autor de escritorio" de los secuestros.

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La Corte rechazó las pretensiones de Videla de que se considere cosa juzgada el robo de bebés.

BUENOS AIRES- La Corte Suprema de Justicia dio ayer luz verde al juicio a ex jefes militares procesados por el robo sistemático de bebés de desaparecidos y rechazó la pretensión del dictador Jorge Rafael Videla de someterse únicamente al veredicto del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Seis de los ocho ministros de la Corte constituyeron mayoría al rechazar los argumentos de Videla y dejaron a un paso del juicio oral a presuntos represores acusados por la sustracción de hijos de desaparecidos, su posterior ocultamiento y la sustitución de identidad de las víctimas.

"La causa debe seguir tramitando ante la justicia federal", sentenció la Corte, que así desestimó un planteo mediante el cual Videla pidió ser investigado por los tribunales castrenses.

Además, los jueces supremos señalaron que Videla no ha sido sometido a un doble juzgamiento, ya que en el histórico juicio a las Juntas sustanciado por la Cámara Federal en 1985 "no se juzgó" la apropiación de niños como una práctica sistemática.

"Sólo una errónea idea de que la materia de la causa 13/84 (ventilada en el Juicio a las Juntas) fue el plan sistemático de sustracción permitiría concluir en que existe una identidad de objeto", es decir que se han vuelto a juzgar los mismos hechos ya sometidos al veredicto de la Justicia en 1985, indicó.

El máximo tribunal recordó que, en aquel juicio, sólo fueron acreditados dos casos de apropiación de niños y no hubo acusación ni evidencias sobre la existencia de un "plan sistemático" orquestado por la dictadura, que inauguró maternidades clandestinas en las que decenas de prisioneras dieron a luz.

Videla, para la Corte, no fue autor material del robo de niños sino que actuó como "el hombre de atrás... que no dominó en modo directo sino a través del aparato...". Fue "un autor de escritorio, emisor de las órdenes, planificador...".

El voto mayoritario correspondió al presidente de la Corte, Carlos Fayt, y los ministros Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo López y Juan Maqueda.

La Corte precisó que el principio de "non bis in idem", que impide juzgar a una persona dos veces por idéntico delito, no fue vulnerado en el proces por el robo de bebés, como sostuvo Videla al impugnar la causa que el juez Adolfo Bagnasco abrió en 1997 para investigar la apropiación de chicos como una "práctica sistemática" de la dictadura.

Según la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, medio millar de niños fue arrancado a prisioneras durante el régimen de facto (1976-83) y aunque muchos fueron localizados y restituidos, otros aún permanecen con paradero incierto.

La Corte coincidió con el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, que al dictaminar sobre el caso sostuvo que los delitos imputados en la causa que inició Bagnasco "no integraron el sistema criminal sobre el cual recayó sentencia" en el juicio a las Juntas, entre otras cosas porque "sólo se habría demostrado" la apropiación de menores "en forma ocasional" y no como parte de un plan.

No hubo disidencias en la resolución del tribunal, aunque se abstuvieron de votar los jueces Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Vázquez Videla se aferró al juicio a los comandantes para argumentar que ya fue juzgado y condenado, pero ninguno de los jefes militares cumplió la pena que dictó en 1985 la Cámara Federal porteña porque todos fueron indultados cinco años después por el gobierno justicialista de Carlos Menem. (DyN/AR)

Fayt: “Sería triste que presionaran a la Corte”

BUENOS AIRES- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, advirtió que "sería triste" que el máximo tribunal se vea "presionado" por la anulación de las llamadas "leyes del perdón", cuya sanción definitiva fue aprobada ayer a la madrugada por el Senado.

El magistrado confirmó que la Corte "juzgará en su momento" las causas contra ex represores dado que "fatalmente tiene que llegar" a ese cuerpo. No obstante, negó que sus miembros se sientan presionados ahora.

"La Corte no es presionada por nada, ni por nadie. Sería triste para el país que sufriera presiones. La Corte va a hacer lo que le corresponde", dijo el magistrado al salir de su casa.

En tanto, a la madrugada, el Senado anuló, después de siete horas de debate, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que condicionaron los procesos judiciales a los responsables de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar.

La aprobación se logró con 43 votos afirmativos, 7 votos negativos y una abstención.

De este modo, el Congreso envió una nueva señal de acompañamiento político al gobierno, que promovió la sanción de la nulidad así como la ratificación de la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que el Senado convirtió en ley.

Pese a lo dicho por Fayt, el Congreso se sumó también a la presión ejercida desde el Poder Ejecutivo sobre la Corte, que tiene que fallar en torno de la constitucionalidad de las leyes del perdón (ya se pronunció a fines de los 80 en favor de su validez), una sentencia que es considerada la auténtica llave jurídica para retomar los juicios a los militares.

En forma complementaria, con su sanción los senadores justicialistas se acomodaron del lado del presidente Néstor Kirchner en el enfrentamiento que tuvo con su vice, Daniel Scioli, quien había dicho que "en un país serio no se anulan leyes" Por su parte Luis Moreno Ocampo, uno de los fiscales del juicio a las juntas militares, se pronunció contra la nulidad de las leyes al asegurar que el Poder Legislativo cometió "una macana" porque "no puede opinar sobre esto", sino que deben hacerlo los jueces. (DyN/Télam)

España quiere mandar a Scilingo y Cavallo

MADRID - La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al gobierno español que comunique a las autoridades argentinas que pueden reclamar a los ex milita-res Ricardo Miguel Cavallo y A-dolfo Scilingo, detenidos aquí, una vez anuladas las leyes que impedían enjuiciarlos en su país.

Según fuentes jurídicas, el ministerio público cursó un oficio al ministerio de Justicia para que comunique al gobierno argentino que ya puede pedir, tanto la entrega de los dos procesados en España, como el procedimiento abierto contra ellos en la Audiencia Nacional, para incorporarlo a las causas que se les siguen en Argentina.

La justicia argentina tiene prioridad sobre la española al haberse cometido en su territorio los delitos investigados, por lo que el gobierno estaría obligado a entregar a los dos ex militares si ese país pide su extradición.

El Congreso y el Senado argentinos aprobaron la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que despeja el camino para que sean juzgados en este país los responsables de vio

laciones de derechos humanos durante la dictadura militar.

La Fiscalía pretende que el gobierno español tenga en cuenta estas circunstancias en el Consejo de Ministros del próximo día 29. Ese día estudiará la petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que el gobierno solicite a Argentina la extradición de 40 militares procesados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos presuntamente durante la última dictadura militar El martes, Garzón solicitó al Ejecutivo español que pida la extradición de 26 y anoche pidió la de otros 14 (ver aparte) La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que desde el principio se ha opuesto a que los ex represores argentinos sean juzgados en España, ha solicitado la revocación de los autos de Garzón. Argumenta que la Justicia española no es competente para investigar esos hechos. (AFP/DPA)

Sentencia firme para Astiz

BUENOS AIRES- La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena impuesta al detenido ex teniente de fragata Alfredo Astiz bajo el cargo de apología del delito, en virtud de las afirmaciones públicas en las que el represor se definió como "el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista".

Astiz, actualmente preso aquí por requerimiento del juez español Baltasar Garzón, fue condenado el 8 de marzo de 2000 por el juez federal Claudio Bonadío, quien impuso al marino la pena de tres meses de prisión en suspenso Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Astiz logró evitar el juicio de los tribunales argentinos hasta que, en declaraciones a la revista Trespuntos, dijo haber sido entrenado para matar En 1990 ya había sido condenado a reclusión perpetua por un tribunal penal de Francia que lo declaró responsable del secuestro y desaparición de las religiosas galas Leonie Duquet y Alice Domon. No obstante, Astiz no purgó la pena dictada en su contra en Francia porque el juicio se sustanció en su ausencia.

Ahora las autoridades galas han requerido formalmente al Gobierno de Néstor Kirchner la extradición del ex teniente de fragata a París Paralelamente, el juez Garzón pidió al gobierno de José Aznar que reclame sin demora la extradición de Astiz a España, donde afronta cargos por terrorismo de Estado y genocidio en la última dictadura militar argentina (1976-83) Ayer la Corte rechazó un recurso interpuesto por la defensora oficial Perla Martínez de Buck, representante legal de Astiz, para que el máximo tribunal revoque la sentencia que dictó Bonadío. "La Corte rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Astiz y de esta manera dejó firme la sentencia" en su contra, consignó un breve comunicado del máximo tribunal. (DyN)

Garzón pide a otros 14 militares

El juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón pidió ayer al gobierno que solicite la extradición de 14 militares y policías argentinos para ser procesados por delitos de genocidio, torturas y terrorismo cometidos entre 1976 y 1983. El pedido de extradición de Garzón, que requiere la aprobación del gabinete español, incluye a Jorge Videla; el general Carlos Suárez Mason; los ex jefes de la Marina Emilio Massera y Rubén Franco; y los oficiales navales Héctor Febres y José Eduardo Acosta, "El Tigre". La lista se completa con Luis Ricardo Rizo, Alberto Luis Cattaneo, Fernando Humberto Santiago, Luis Santiago Martella, Juan Orlando Rolón, Juan Carlos Rolón, José Antonio Vaquero y Luciano Adolfo Jáuregui. (AFP/Reuters)

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