DERECHOS HUMANOS

Marcada fractura en el bloque de senadores del PJ

No acuerdan sobre la anulación de las leyes.

José Luis Gioja y otros senadores trataron de consensuar una posición ante la anulación de las leyes, pero la división fue evidente.

El bloque de senadores justicialistas dejó ayer en evidencia las diferencias que existen en su seno respecto de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que aprobó la Cámara de Diputados Las opiniones encontradas también se repitieron en el seno del gobierno nacional, en donde el vicepresidente Daniel Scioli y un ministro y el jefe de gabinete opinaron en forma encontrada Sobre la validez de la medida que tomó Diputados, se oyeron muchas voces y la mayoría afirman que será la Corte Suprema la que finalmente pueda anular estas normas.

En virtud de esas disidencias, el oficialismo del Senado dispuso darse un tiempo para analizar el tema y hacer consultas con juristas, y definió una estrategia básica: votar a conciencia y no imponer disciplina de bloque para evitar fracturas internas Según lo definió el jefe de la bancada, Miguel Angel Pichetto, "la idea es no romper el bloque por este tema. Debemos estar unidos para los asuntos importantes. Así que difícilmente haya unidad de criterio a la hora de votar" En una reunión de bloque desarrollada esta tarde, el oficialismo quedó dividido entre quienes expresaron una visión jurídica, según la cual el Congreso no puede anular una ley, y los que abonaron una lectura política, basado en el respaldo que recibió la anulación de las leyes de parte del Gobierno y de la Cámara de Diputados Entre los cuestionadores se anotaron Eduardo Menem, Mabel Caparrós y, para sorpresa de algunos, los dos bonaerenses, Mabel Muller y Antonio Cafiero Aunque no estuvieron ayer, este sector anota en el mismo bando a Sonia Escudero, Angel Pardo, Luis Barrionuevo y Ada Maza. En la posición contraria se anotaron Pichetto, el presidente provisional José Luis Gioja, Graciela Bar y Marcelo Guinle, aunque el número sería muy superior. Por ejemplo el kirchnerista Nicolás Fernández le dijo a varios de sus pares que era inconstitucional la anulación de las leyes, pero nadie duda de que no contradecirá con su voto la posición del Gobierno.

Los que están a favor de la anulación esgrimieron como un elemento de persuasión el mensaje que hizo llegar el ministro de Defensa, José Pampuro, en la reunión que mantuvo en la mañana, en el edificio Libertador, con Pichetto, Gioja, Muller, Guillermo Jenefes y Marcelo López Arias. "El Gobierno im

pulsa la anulación", habría dicho Pampuro a los senadores para dejar en claro la posición oficial Sin embargo Pichetto, al relatar ese encuentro a los medios, se limitó a decir que el ministro "manifestó su preocupación por un tema sensible". Este sector sostiene que "la ley es meramente declarativa", que "no tiene efectos jurídicos" y que "sólo sirve como un mensaje para que la Corte Suprema dictamine la inconstitucionalidad de las leyes" El ala crítica apunta precisamente a ese aspecto para señalar que la ley "es inaceptable e ilegal porque no se puede anular una ley derogada y porque no se puede legislar hacia atrás", según la afirmación que hizo a esta agencia un miembro de este grupo.

La polémica 

El centro de la controversia, incluso en el seno del gobierno, es la validez jurídica de la medida parlamentaria de aprobar la anulación de las leyes de amnistía Será finalmente la Corte la que resolverá o no la apertura de miles de juicios contra acusados de crímenes durante l dictadura militar, según se desprende de la mayoría de las opiniones El vicepresidente Daniel Scioli consideró ayer que esta medida parlamentaria tendrá "escasa validez jurídica" al afirmar que "este tema va a terminar en la Corte Suprema" La anulación de las leyes no permitirá reabrir causas contra Videla y Massera, que ya habían sido juzgados y condenados a cadena perpetua en 1985 -junto a otros siete ex jefes de las fuerzas armadas, de los cuales cuatro fueron absueltos- pero indultados en 1990 por el ex presidente Carlos Menem La postura de Scioli no es compartida por la totalidad del gabinete El ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que "no se puede minimizar la valoración de uno de los poderes del Estado", mientras que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, consideró que lo que quedará en manos de la justicia es "resolver las responsabilidades penales" Por su parte, los juristas consideran que la anulación por parte del Parlamento tienen más valor político que jurídico Ricardo Monner Sans, abogado de la familia de un desaparecido, afirmó que "la decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma estaría reservada, por el artículo 116 de nuestra Constitución, al Poder Judicial". "Se quiere anular leyes ya derogadas (en 1998, sin efecto retroactivo) y entonces es como intentar matar a una persona dos veces", advirtió Monner Sans En el mismo sentido, el constitucionalista Daniel Sabsay dijo que "al momento de su aplicación jurídica, (la anulación) no es una facultad del Congreso, sino que es una competencia exclusiva del Poder Judicial" Reconoció, no obstante, que "desde lo político, es una declaración de voluntad, una suerte de proclama que manifiesta la clara voluntad del Poder Legislativo". (DyN/AFP)

Sigue el proceso de extradición y Bussi presentó firmas

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió ayer continuar a cargo del proceso para la extradición de presuntos represores a España y rechazó un planteo del dictador Jorge Videla, en tanto la fiscalía dictaminó en contra de la liberación del ex capitán naval Alfredo Astiz Paralelo a esto, el diputado Ricardo Bussi presentó a Canicoba un escrito con las firmas de 45 mil ciudadanos "tucumanos" que respaldan a su padre, el ex general del Ejército Domingo Bussi, que al igual que Videla y Astiz fueron detenidos aquí en virtud de un requerimiento del juez español Baltasar Garzón.

El legislador ofreció al partido Fuerza Republicana, que lidera Domingo Bussi, como garantía de que el ex represor no se fugará si obtiene la excarcelación. Y dijo que, en caso de que el juez fije una fianza, la agrupación reunirá los fondos."La detención de militares" acusados por Garzón y "el decreto de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobado en el Congreso" constituyen "una cortina de humo para tapar el tarifazo" en los servicios públicos privatizados y "el ajuste que se viene, reclamado por el FMI", disparó el diputado Bussi.

El legislador generó una controversia al asegurar que a Estela de Carlotto, titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, "nadie le va a devolver los muertos" en la represión ilegal. Sólo se trató de un "comentario pacificador", intentó enmendarse ayer.

"Dije, simplemente, que el dolor no se repara. El que perdió una vida, un pariente, un amigo, un hermano, va a sufrir toda la vida, no debatiendo cuestiones del pasado", indicó.Y agregó: "Ahora se vienen aumentos tarifarios muy importantes, se viene un ajuste reclamado por el FMI, mientras tanto los argentinos estamos gastando nuestros esfuerzos en debatir el pasado para tapar esos tarifazos".

El hijo del ex general preso prometió reunir 100 mil firmas "solicitándole al juez la liberación de Bussi".

El ex interventor de Tucumán fue detenido en el marco del proceso que abrió aquí el juez Canicoba al dar luz verde a un requerimiento de asistencia jurídica de su colega Garzón, que tramita en Madrid un juicio por genocidio y terrorismo de Estado en la última dictadura argentina (1976-83).Garzón pidió el arresto con fines de extradición de 44 presuntos represores, 41 de los cuales ya fueron detenidos. El resto permanece prófugo. (DyN)