Chile: primer paro desde Pinochet acabó en disturbios

Los sindicatos se movilizaron contra la flexibilización laboral. Lagos minimizó el impacto. Hubo más de 100 detenidos.

Varios hechos de violencia empañaron la jornada de movilizaciones y huelgas convocada por los sindicatos.

SANTIAGO (Télam-AFP).- Más de un centenar de personas fueron detenidas y un policía resultó herido ayer durante los disturbios que estallaron en la capital y en varias ciudades de Chile, en un paro nacional para repudiar "abusos patronales".

El gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos minimizó el impacto del movimiento cuando el ministro del Interior José Miguel Insulza afirmó que el paro era "absolutamente parcial", porque "ninguna empresa productiva está parada". "Yo no quiero un país donde la imagen que sale en el mundo es la de un disturbio en la calle", dijo Lagos durante la entrega de 150 viviendas a un grupo de habitantes en Rengo, 90 kilómetros al sur de Santiago.

La izquierdista Central Unitaria de Trabajadores (CUT) admitió una adhesión incompleta a su convocatoria, pero aseguró que muchas actividades se detuvieron en más de 80%. "No nos parecen adecuados los intentos de minimizar nuestra convocatoria", dijo su líder Arturo Martínez Este fue el primer paro nacional de 24 horas convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet y la realización de elecciones en 1990. La movilización dejó en una incomoda posición al Partido Socialista (PS) de Lagos, cuyos dirigentes respaldaron la protesta.

El líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Arturo Martínez, antiguo miembro del PS, justificó un "paro nacional" para rechazar los mecanismos de "flexibilidad laboral" que recomendó el FMI. Y aunque el Gobierno no puso en marcha ese mecanismo, Martínez lanzó la paralización exigiendo "formas de distribuir mejor la riqueza"..

Los mayores disturbios se prolongaron durante más de una hora en el centro de la capital chilena, cerca del palacio presidencial de La Moneda, cuando la policía de Carabineros impidió el avance de una marcha por la Alameda, la principal avenida de Santiago. La policía utilizó gases lacrimógenos y carros lanza-agua para dispersar a los manifestantes, que replicaron con palos y pedradas En Santiago hubo 70 detenidos durante los incidentes registrados en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda y en el barrio de La Florida, al sur de la ciudad . En el puerto de San Antonio, 100 kilómetros al oeste de Santiago, una decena de manifestantes fueron detenidos cuando intentaron marchar hacia la plaza principal de este puerto. La CUT reportó seis detenidos en Punta Arenas y otros siete en Rancagua, distante 80 kilómetros de la capital.

Polémica por la propuesta sobre derechos humanos

El plan del presidente Ricardo Lagos para dar reparo a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile sacó aplausos entre los políticos, incluyendo a la derecha opositora, pero causó hondo desencanto entre los familiares de las víctimas.
Y es que en su afán de levantar una propuesta equilibrada, Lagos acogió opiniones de todos los sectores sociales y políticos, incluyendo de los que colaboraron con la dictadura y que, por primera vez, admitieron la existencia de delitos que causaron más de 3.000 muertes y desapariciones.
Tras meses de cavilaciones, Lagos informó el martes, sentando un precedente inédito hasta ahora en Chile: el reconocimiento de la "obediencia forzada" de soldados y policías de bajo rango que participaron en crímenes durante la dictadura, junto con una oferta de rebaja de penas para quienes aporten información a la justicia. "Es una propuesta ecuánime y justamente por eso no es satisfactoria para todo el mundo", dijo el cientista político Oscar Godoy, de la Universidad Católica.
Además de las rebajas penales, que pueden llegar incluso a la completa inmunidad para quienes den datos fundamentalmente sobre el paradero de más de un millar de desaparecidos, Lagos propuso mejorar las indemnizaciones que reciben hace doce años los familiares de las víctimas. Pero no se pronunció sobre la vigencia de una ley de amnistía dictada por Pinochet en 1978 que exime penalmente a quienes hayan cometido delitos antes de esa fecha .
"Sentimos que en la propuesta se cambia un poco de verdad por impunidad", comentó dolida Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. "Con el golpe de Estado se instaló la violación a los derechos humanos a través de aparatos represivos del estado. Aquí no hay responsabilidades compartidas, somos los familiares de las víctimas y ellos los criminales", agregó.