DERECHOS HUMANOS

Hallan resquicio para votar contra leyes de amnistía

Los diputados del PJ elaboraron un proyecto que incluye el indulto.

Declaran "inoponibles" las normas para evitar sancionar su anulación.

Videla planteó ante el juez que España carece de jurisdicción para enjuiciarlo. Massera no fue y podría ser declarado inimputable.

BUENOS AIRES.- El bloque de diputados del PJ elaboró un proyecto de ley que busca eliminar los efectos de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, como así también los indultos presidenciales que impidieron juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar Para sortear las críticas de quienes aseguran que el Congreso esta impedido de anular leyes, el bloque del PJ buscó una alternativa jurídica: declara "inoponible" las tres normas. Con la "inoponibilidad" de las leyes de amnistía para los delitos de lesa humanidad cometidos en el país, los diputados del PJ evitarían votar la "anulación" de las leyes, alternativa que hasta ayer prevalecía entre quienes pretendían avanzar con el tema y que generaba mucha resistencia entre los que consideran que no era el mecanismo adecuado Al destacar en el texto del proyecto la inoponibilidad, basandose en tratados y convenios internacionales sobre este tipo de delitos, los diputados del PJ se acercarían en la redacción a un par de proyectos presentados por la UCR y por el ARI Uno de los puntos que se incluiría en el proyecto consensuado sería una modificación a la ley 24.767, de Cooperación Internacional en Materia Penal, para aclarar que "en materia de crímenes de derecho internacional o contra derecho de gente, rige el principio de derecho internacional 'juzgar o extraditar'. En cada caso, el juez deberá analizar la posibilidad real de juzgamiento en el país" La "inoponibilidad" es acompañada por el bloque radical con algunos matices de forma en relación a los argumentos que motivan al PJ; fundamentalmente por pertenecer al partido cuyo gobierno impulsó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Así, bajarían con un texto consensuado el próximo 19 de agosto, ya que negociaba la postergación de la sesión especial del 12 de agosto.

El presidente del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari, aseguró que, en la práctica, la propuesta busca "quitarle todo efecto" al armazón legal que frenó las condenas judiciales a integrantes de la dictadura. El objetivo es enviar un mensaje a los jueces para que rechacen el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos como argumentos legales, es decir, que no puedan "oponerse" como defensa de los acusados.

La vuelta encontrada por la conducción de la bancada fue insuficiente, de todas formas, para ahogar el intenso debate interno en el bloque. El menemismo y un sector del duhaldismo estaba en contra, otra parte de los bonaerenses y la Corriente Federal, el grupo con mayor alineación presidencial, encabezó la defensa de la nulidad. Con menos participación que en la jornada anterior, los justicialistas reabrieron ayer la discusión.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey, fue el encargado de explicar a sus pares los fundamentos de la nueva idea: llevó dos versiones, una que incluía a los indultos y otra que sólo iba contra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final El cambio de palabras, de nulidad a "inoponible", fue prácticamente ignorado por los críticos. Aunque la unanimidad había sido imposible, Díaz Bancalari aseguró públicamente que el proyecto era la propuesta oficial de la bancada, advirtió que la votación sería con nombre y apellido y desafió a propios y ajenos: "tenemos que demostrar volutad y coraje para terminar con la impunidad". (Télam/DyN)

Ex represores desfilaron en los tribunales

BUENOS AIRES.- El ex dictador Jorge Videla concurrió ayer a una audiencia judicial en la que fue notificado de los cargos que pesan en su contra en España -donde se sustancia un juicio por terrorismo de Estado y genocidio durante la represión ilegal en Argentina-, mientras el ex almirante Emilio Massera no asistió a los tribunales por problemas de salud y sería declarado inimputable Videla, que cumple arresto domiciliario, planteó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral que España carece de jurisdicción para investigar los crímenes cometidos en Argentina durante la dictadura del período 1976-83 El juez español Baltasar Garzón, que solicitó y consiguió que su colega Canicoba arrestara a presuntos represores argentinos acusados ante la Audiencia Nacional de Madrid, "no tiene capacidad jurídica fuera del territorio" de su país, alegó la defensa de Videla. "La Constitución habla de que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales, y el juez natural del general Videla es el juez nacional", expresó el abogado Víctor Guerrero Leconte, uno de los defensores del dictador. Y recordó que el ex comandante fue condenado a reclusión perpetua en Argentina, aunque no cumplió la pena porque fue indultado por el ex presidente Carlos Menem El argumento de la defensa de Videla es compartido por el fiscal español Pedro Rubira, que en las últimas horas emitió un dictamen mediante el que pidió que su país se abstenga de requerir la extradición de militares argentinos Canicoba celebró ayer audiencias con Videla, el ex almirante Rubén Franco, el ex capitán naval Jorge Acosta, el ex prefecto Héctor Febres, el ex marino Juan Orlando Rolón y el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, que se encuentran detenidos por requerimiento del juez Garzón Además, con excepción de Rolón, los acusados fueron procesados y serán sometidos a juicio oral por el robo sistemático de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura. Por eso, no serán extraditados hasta que purguen condena o sean absueltos También Massera, coautor del Golpe de Estado que en 1976 colocó a Videla en la Presidencia, fue procesado por el robo de bebés, fue condenado y luego indultado por Menem y, además, integra la nómina de Garzón. Pero el "Almirante Cero" padece severos problemas de salud y ha pasado sus últimos años bajo arresto domiciliario y con internaciones constantes Según fuentes judiciales, Massera podría ser declarado inimputable en el marco del juicio de extradición porque no estaría en condiciones de comprender el proceso ni manifestar, por ejemplo, su voluntad de allanarse o no a ser enviado a Madrid Al admitir un requerimiento de su colega Garzón, Canicoba ordenó hace dos semanas el arresto con fines de extradición de 43 militares y un civil Del total de acusados, 41 ya fueron detenidos. Y se encuentran prófugos los militares Arturo González Naya, Antonio Arrechea Andrade y el capitán de navío Jorge Vildoza, quien lleva más de una década en la clandestinidad.