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La Corte Suprema arranca hoy con el examen de las leyes

La Corte Suprema iniciará hoy el examen de las leyes de amnistía que favorecieron a militares acusados de genocidio en la dictadura (1976-1983), bajo la presión del gobierno, que prefiere la reapertura de las causas en el país antes que admitir sus extradiciones a España.

Los jueces supremos deberán resolver cuanto antes si son constitucionales o no aquellas normas de exculpación sancionadas por el Congreso en 1986 y 1987, al acelerarse en Madrid la causa abierta contra 44 de los 94 imputados de perpetrar delitos de lesa humanidad, lo que podría derivar en pedidos de extradición. "Llegó la hora de la Corte, que también gobierna.

Y tiene que hacerse cargo de su responsabilidad política de resolver si las leyes (de amnistía) son constitucionales o no", había presionado el domingo el canciller Bielsa. Si la Corte dictamina que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no se encuadran en la Constitución, podrán reabrirse los casos en los tribunales locales y los pedidos de extradición serán seguramente rechazados.

Pero funcionarios del gobierno advirtieron a la agencia francesa AFP que Kirchner estaría dispuesto a otorgar extradiciones en el caso de que las normas de amnistía sean consideradas dentro de la ley y se consagre la impunidad.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo ayer que "la Corte debe resolver lo más rápido posible, para no tener en ciernes a una institución como las Fuerzas Armadas que necesitamos para la nación, pues sólo están comprendidas un puñado de personas". La ley de Punto Final intentó, en vano, cerrar las causas contra los represores, en tanto que la de Obediencia Debida consagró el derecho a ampararse en la verticalidad castrense para justificar el cumplimiento de una orden, aunque sea la de cometer un crimen. Ambas leyes fueron derogadas por el Congreso en 1998, es decir que no pueden aplicarse a partir de ese año, pero no fueron anuladas, por lo cual más de un millar de represores pueden seguir amparándose en ellas para no ser juzgados.

Un juicio civil a los comandantes de la dictadura probó en 1985 que se aplicó en el país un plan sistemático de eliminación de personas (genocidio), pero sólo se condenó a prisión perpetua a los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera. El ex presidente Carlos Menem (1989-1999) intentó poner un manto de silencio sobre el caso al decretar amplios indultos entre 1989 y 1990, pero las causas comenzaron a reabrirse en los años '90 por las denuncias de robo de centenares de bebés hijos de desaparecidos. En Argentina, decenas de miles de personas desaparecieron, entre ellos medio millar de niños, o fueron detenidas en cárceles legales, exiliadas, despedidas de sus empleos y censuradas, mientras la actividad política fue prohibida durante la dictadura.(AFP)

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