Martes 5 de agosto de 2003

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Garzón quiere que envíen primero a Bussi y Astiz

Niegan excarcelación

Once presuntos ex represores cuya extradición fue solicitada por la justicia española deberán seguir detenidos, ya que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral denegó sus excarcelaciones.

Al mismo tiempo, el juez le concedió la prisión domiciliaria al ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi y al ex general Luciano Benjamín Menéndez, quienes deberán fijar residencia en Buenos Aires, y al ex general Jorge Olivera Rovere.

Según indicaron voceros judiciales, el magistrado coincidió con el dictamen que había impartido el fiscal Guillermo Marijuán en base al pedido presentado por varios defensores que sostenían que el convenio de extradición entre España y Argentina permitía las excarcelaciones.

Así, Canicoba Corral ordenó que continúen detenidos los ex generales Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Luis Martella, Genaro Díaz Bessone y Alberto Cattáneo; los coroneles (R) Albino Mario Zimmerman y Augusto Neme y el teniente coronel Héctor Schwab; el ex vicealmirante Luis María Mendía, el capitán de corbeta Jorge Perrén y el mayor retirado Julio César Coronel.

Las fuentes judiciales también indicaron que, no obstante, Canicoba Corral le otorgó la prisión domiciliaria a Bussi, Menéndez y Olivera Rovere.

El juez ya accedió a un requerimiento de asistencia judicial de Garzón y ordenó el arresto de 43 militares y un civil, imputados en el juicio por terrorismo de Estado y genocidio que tramita en España.

Tres de los acusados permanecen prófugos, mientras 41 fueron apresados.Y Garzón ya completó los recaudos que remitirá a Buenos Aires para iniciar formalmente el juicio de extradición contra 24 de los imputados, entre los que figuran el ex general Antonio Bussi; el ex capitán naval Alfredo Astiz; el ex comandante de la Armada Armando Lambruschini, el capitán Jorge Perrén, y el suboficial retirado de Prefectura Juan Antonio Azic, quien intentó suicidarse días pasados. Garzón espera la conformidad de la Fiscalía y la Acusación Popular antes de enviar el trámite a Buenos Aires. (Télam)

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