Sábado 2 de agosto de 2003

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Espalda con espalda, los radicales salvaron a Verani del juicio político

Se solicitó debido a irregularidades en las operaciones en el campo energético. El oficialismo adujo que el pedido fue una mera operación de índole electoral.

 

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Comisión en funciones: deliberó poco, los radicales dijeron "no"...

Clavaron los tacos y se acabó.

Así resolvió el radicalismo rionegrino: rechazó el pedido de juicio político solicitado contra el gobernador Pablo Verani, el ministro de Economía -hoy suspendido en sus funciones por estar de campaña electoral-, José Luis Rodríguez y cinco funcionarios de los organismos de control.

El pedido de juicio político fue formulado por los legisladores disidentes del ARI Guillermo Wood y Eduardo Chironi.

La denuncia alcanza además al ex ministro de Gobierno, Horacio Jouliá.

El pedido de juicio político se fundamentó en la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público en que incurrieron Verani y el resto en la toma de decisiones en el campo energético.

Como se sabe, una comisión investigadora de la Legislatura determinó que, con la sola excepción de Rodríguez, el resto está involucrado en irregularidade en la venta de regalías hidroeléctricas, operación que causó un perjuicio de 5,4 millones de dólares a la provincia Por otra parte, se comprobó que debido a los términos en que se renegoció el contrato entre la ex empresa estatal Edersa y la Turbine Power, los rionegrinos pagaron en seis años 34 millones de dólares más por la energía que consumieron.

Rodríguez -por su parte- está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su actuación en la fusión entre Edersa y el consorcio Sodielec SA.

Y ayer, en Viedma, se reunió la Comisión de Juicio Político de la Legislatura rionegrina.

Y por tres votos radicales a favor y dos peronistas en contra, se liquidó el pedido de juicio político Aun así, la minoría peronista mocionó por seguir adelante citando a los denunciados para ratificar y aportar pruebas.

El dictamen oficialista adujo como elemento fundamental de su negativa que desde la oposición "demostraron la escasa o nula entidad" de las denuncias.

Consideró que la mayoría de los funcionarios denunciados termina su mandato constitucional en diciembre de este año, con lo cual se preguntó "cuál es el beneficio institucional que se obtendría" con tal acción.

Los radicales Fernando Chironi, Víctor Medina y Miguel Saiz apuntaron que, a menos de un mes de los comicios para la renovación de los mandatos constitucionales, "la institución del juicio político, de honda y respetable raigambre en el sistema democrático, se transforma por la pretensión de la oposición, en una institución que tendría que denominarse de juicio partidario".

Entre otras cuestiones, apreciaron que "el verdadero fundamento de iniciar las actuaciones, en el contexto político actual, tiene un sentido de influir sobre la opinión pública por vía de la difusión del presente, transformando estas actuaciones en un verdadero acto de campaña proselitista destinado a influir en el pensamiento de la ciudadanía".

Al finalizar el dictamen añaden que corresponderá a la Legislatura "la fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la Comisión Investigadora de la Energía Eléctrica que actuó recientemente y resueltas por unanimidad, para poder determinar finalmente las motivaciones y fundamentos de los hechos objeto del análisis en estas actuaciones, reconociendo además al ámbito judicial como el medio idóneo para la búsqueda de la verdad".

Los peronistas Javier Iud y Vita Bucci solicitaron en vano el envío de las actuaciones de la comisión investigadora y el ejercicio del derecho de defensa que corresponde.

Al término del encuentro efectuado en la sede de las comisiones legislativas, los representantes del radicalismo se retiraron sin formular declaraciones, aduciendo tener que viajar rápidamente a General Roca para reunirse con Verani.

Mientras tanto, Bucci calificó de "vergonzosa" la actitud del oficialismo y opinó que "no tienen argumentos para rechazar el pedido".

Y luego acotó:

"Esto es ni más ni menos un pacto de impunidad del gobierno con el actual candidato a gobernador Miguel Saiz".

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