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DERECHOS HUMANOS

El tema militar enfrenta a duros y "cautelosos"

El gabinete de ministros está dividido.

Piden mesura para tratar las leyes de amnistía.

Pampuro está incomodo en su papel de interlocutor.

BUENOS AIRES (ABA)- Varios ministros hicieron conocer ayer a Néstor Kirchner su preocupación por la inquietud que está generando el debate del juzgamiento de los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. "No estoy defendiendo a los militares, pero me pregunto si no estaremos llevando las cosas demasiado lejos. Reabrir las causas puede generar un clima enrarecido en los cuarteles. La derecha tendrá la excusa para volver a encolumnarse para sanar las viejas heridas", le advirtió uno de sus colaboradores más cercanos al Presidente En realidad, estaba actuando como vocero de otros colegas. De acuerdo con versiones de la Casa Rosada, los ministros José Pampuro (Defensa), Aníbal Fernández (Trabajo), Gustavo Beliz (Justicia) y hasta Julio de Vido (Infraestructura) recomiendan cautela a la hora de analizar la cuestión militar. Mientras que el canciller Rafael Bielsa y Alberto Fernández, secretario General de la Presidencia, están encantados con la posición, más dura de lo imaginada, que adoptó Kirchner desde su regreso de Europa.

Pampuro está incomodo en su papel de interlocutor.

El grupo de los "cautelosos" se habría animado a transparentar su posición ahora porque no están seguros de la conveniencia de anular las leyes de obediencia final y punto final, tal como sugirió el Jefe de Estado el jueves al mediodía. "Si desaparecen las normas que generaron la impunidad, los militares podrán ser juzgados en la Argentina", dijo. Para luego agregar: "Siempre expresé mi posición respecto a esas leyes. Para mí son inconstitucionales, obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado".

Pampuro, cada vez más incómodo en su papel de interlocutor entre la Casa Rosada y el Edificio Libertador, hasta llegó a señalar que prefería la opción de extraditar a España a los militares pedidos por el juez Baltasar Garzón a la idea de regresar a foja cero la situación judicial de quienes fueron juzgados antes de la promulgación de las leyes durante la gestión de Raúl Alfonsín. "Hay pedidos de extradición para 45 militares, pero si los juzgamos acá, pueden terminar presos 1300", señaló el ministro de Defensa.

Funcionarios de la segunda línea de Justicia avisaron a su jefe, incluso, que los tribunales federales "no están preparados para recibir de nuevo toda esa cantidad de causas. Los jueces ya están sobrepasados, y además tendrían que enfrentar presiones muy fuertes desde los cuarteles".

Kirchner, en principio, avala la idea de pedir al Congreso la anulación de las leyes de la impunidad. Pero avisa a quienes se muestran interesados en lanzar el operativo que si él toma públicamente dicha decisión, tiene que haber seguridad absoluta de que el parlamento anule la Obediencia Debida y el Punto Final y se pueda volver a juzgar a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. "No podemos jugar con esta cuestión. Si decidimos no extraditarlos y juzgarlos acá, tenemos que llegar hasta el final. No podemos hacer el papelón de rechazar el pedido de Garzón y después mostrarnos incapaces de imponer la autoridad de la Justicia en la Argentina", dijo Kirchner a sus ministros El debate surgió en la tarde del martes, cuando comenzó a analizarse en ámbitos oficiales la posibilidad de derogar las polémicas leyes. Estaban en el despacho presidencial varios de los integrantes del gabinete; la primera dama, Cristina Fernández; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el propio Presidente.

Al día siguiente, en La Plata, Kirchner volvió a poner la cuestión en la picota: "Tenemos que terminar con la falsa hipocresía de la soberanía de que tienen que ser juzgados en la Argentina", indicó. Y dejó en claro que si no se pueden anular las leyes, se dará curso a la extradición.

Gónzalo Alvarez Guerrero

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