Lunes 25 de agosto de 2003
		La fuerza política del miedo
		Por Martín Lozada
		l crecimiento de la alarma pública y la sensación colectiva de inseguridad resultan generadoras de nuevas y peculiares iniciativas sociales. Así se explica buena parte de las acciones vecinales llamadas a responder a las emociones suscitadas por el aumento del índice delincuencial en nuestro país. Una de las manifestaciones más creativas tiene lugar en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. Bajo el nombre de “Senderos Seguros”, consiste en un corredor escolar señalizado con carteles que une las entradas de siete escuelas, permitiendo la libre y segura circulación de 1.600 alumnos. La idea apunta a que todos los jóvenes del barrio tomen el mismo camino para ir y volver de sus respectivas escuelas, bajo el control y vigilancia de la policía, los vecinos y los comerciantes a cargo de los 80 negocios de la zona. Cada uno de los cuales se encuentra prudentemente individualizado con una calcomanía de la red en sus vidrieras. El programa comprende a tres escuelas públicas y a cuatro colegios privados. Tuvo su origen en el estupor causado por el homicidio de la joven de 16 años, Lucila Yaconis, ocurrido en plena tarde del pasado abril cuando volvía del colegio, tras haberse resistido a un presumible intento de violación. El proyecto se encuentra organizado por los vecinos de Belgrano y Núñez y por el Plan de Prevención del Delito, un organismo que depende de la Subsecretaría de Seguridad de la Ciudad. Pero también cuenta con el apoyo de la Comisaría 35ta. de la Policía Federal y la concesionaria Trenes de Buenos Aires. Resulta interesante observar cómo el asambleísmo barrial que irrumpió con furor en diciembre del 2001, bajo el grito “que se vayan todos”, ha ido cambiando de rostro para centralizarse en problemas y preocupaciones puntuales. El ideario en torno de un barrio más seguro ha emergido así como aglutinador de nuevas solidaridades disparadas por el miedo. Desde una perspectiva organizativa, se trata de una inequívoca comunidad objetiva de amenaza que le da al temor un sentido eminentemente político. Ante la inseguridad, auspicia el proyecto normativo de la “sociedad segura”, que adquiere de este modo un carácter axiológico superior y sirve para legitimar nuevos actores y objetivos. Sin embargo, uno de los riesgos que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en conjunto las políticas de seguridad pública tiene que ver con la definición de los problemas. Entendiendo por éstos a los temas, circunstancias y coyunturas irresueltas, de índole conflictivo, cuyos efectos atañen a la mayoría de la comunidad. Así, por ejemplo, se podrá plantear la necesidad de aumentar la presencia policial en sectores vulnerables de un barrio donde usualmente acontecen asaltos u otros ataques a la propiedad y las personas. O bien fomentar la iluminación de calles oscuras, y aun ciertos mecanismos de vigilancia vecinal más o menos parecidos a los implementados en el barrio de Núñez. No obstante ello, es conveniente que el “problema” -es decir, la situación dilemática- no sea manipulada y convertida en “amenaza”. No se trata sólo de un detalle terminológico o de un mero deslizamiento semántico. Ese paso, que a veces se opera con sutilidad y transcurre inadvertido para el gran público, tiende a imponer la aplicación irreflexiva de políticas autoritarias y represivas que poco favor le hacen a la prevención efectiva del delito. El paradigma de este equívoco enfoque lo constituyen los tristemente célebres “escuadrones de la muerte” del Brasil, que alentados desde el Estado tuvieron como blanco a las manifestaciones de la pobreza callejera. De modo tal que convertir al problema “pobreza-desocupación” en una amenaza, y a los involucrados en enemigos, resulta una redefinición poco sensata en un subcontinente que, como el latinoamericano, cuenta con un elevadísimo índice de iniquidad social y gran desequilibrio en la distribución de la riqueza. Será prudente considerar, además, cuál es la dimensión de la utopía y hacia dónde apuntan las aspiraciones generales en la sociedad del miedo. A poco de ahondar la cuestión se verifica que las mismas se ven reducidas no a la consecución de fines altruistas o de promoción colectiva. Por el contrario, suelen limitarse a evitar la producción de lo peor y son, por lo tanto, sumamente acotadas en sus fines y conservadoras en su alcance. La tarea a llevar a cabo, entonces, consistirá en capitalizar la fuerza política del miedo para operar ante situaciones conflictivas sobre la base del respeto a los derechos humanos, la tolerancia y los principios de orden público y bien común. En ese sentido, la iniciativa de los vecinos de Belgrano y Núñez parece ajustada y proporcional a la problemática allí instalada. De otro modo podría perderse toda posibilidad de gestión racional ante la inseguridad reinante.
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