Viernes 21 de agosto de 2003
 

El demonio enjaulado

 

Por James Neilson

  Tienen razón, si bien por motivos que no entenderán, aquellos que niegan que en los años sesenta y setenta del siglo pasado la Argentina fue el escenario de una lucha a muerte entre “dos demonios” muy diferentes, uno encarnado por las fuerzas armadas y otro por un enjambre confuso de agrupaciones rebeldes de inspiración marxista, nacionalista, católica, falangista o netamente fascista. La verdad es que los “dos demonios” eran cabezas de la misma hidra voluntarista, una bestia feroz que se caracteriza por la convicción, es de suponer sincera, de que para que un país se cure de una vez y para todas de sus enfermedades será necesario extirparle algunas de sus partes. En base de esta propuesta, el régimen encabezado por Jorge Rafael Videla asesinó a por lo menos diez mil personas: la cifra habitualmente citada es “treinta mil”, pero sucede que es imposible averiguar exactamente cuántas murieron a sus manos, lo que de por sí nos dice mucho. A juzgar por la experiencia de decenas de otros pueblos, de haber triunfado los grupos armados no gubernamentales la cantidad de asesinados o expulsados hubiera sido todavía mayor. Por fortuna, es poco probable que tengamos una oportunidad para saberlo.   
Aunque los asesinos locales poseían algunos rasgos particulares que los distinguían de sus equivalentes de otras latitudes, los más pertenecían a la hermandad cosmopolita que en el transcurso del siglo XX acabó con la vida de muchos más de cien millones de hombres, mujeres y niños que fueron considerados superfluos por razones raciales, religiosas, ideológicas o tribales. Por ser la sociedad argentina relativamente civilizada, con escasas excepciones los militares y sus enemigos nunca se acercaron al fanatismo ciego de sus equivalentes de países como Rusia, Alemania, España, Camboya, Irak, Siria y la China, para mencionar únicamente a los más notorios, pero aun así los crímenes perpetrados fueron horrendos.
A fin de dejar atrás una etapa cruel y miserable, el gobierno del presidente Raúl Alfonsín optó por separar a los líderes de las Fuerzas Armadas y las bandas subversivas de quienes habían acatado sus órdenes, mandando a los primeros a la Justicia y a través de ciertos expedientes formales e informales perdonando a los demás. Se trataba de un arreglo desprolijo y por lo tanto criticable, pero, detalle más, detalle menos, dadas las circunstancias era el mejor disponible: cuando una enfermedad política afecta a centenares de miles, tal vez millones, de personas, no se puede pensar en aplicar con rigor la Justicia propia de un Estado de derecho. Además, funcionó. Luego de un par de motines que resultaron manejables, las Fuerzas Armadas se resignaron a un papel más apropiado para una democracia moderna que el tradicional, mientras que los montoneros, erpistas y otros de formaciones similares terminaron reconciliándose con la sociedad que habían aspirado a dinamitar.
No fue fácil para nadie: muchos militares siguen lamentando la “falta de gratitud” de los rescatados de las fauces insaciables del “marxismo”, mientras que a algunos presuntamente ex guerrilleros les encanta felicitarse por haber creído en una “utopía”. Sin embargo, con la ayuda del resto del mundo que también perdía su fascinación por los grandes esquemas -los que, por desgracia, no serían para todos sino sólo para los elegidos,  de ahí la necesidad de limpiar el género humano eliminando sus excrecencias-, la estrategia discriminatoria de Alfonsín permitió que en adelante la Argentina fuera un país en el que el asesinato por motivos políticos sería casi inconcebible.
Pero entonces vino el gobierno de Néstor Kirchner que, lejos de querer congratular a Alfonsín por lo que hizo, optó por desdeñarlo en nombre de la Justicia. Si no cupiera duda de que tal decisión se basaba en nada más que el deseo de asegurar que todos los delincuentes recibieran su merecido, los únicos preocupados serían los directamente afectados y su allegados, pero, con razón o sin ella, muchos la imputan a que en sus días como estudiante el presidente se haya sentido un miembro honorario, uno que se limitó a aplaudir y a teorizar, de una de las distintas bandas en pugna. Por lo tanto, una medida que de otro modo podría atribuirse a su pasión por la Justicia ha sido tomada por una maniobra más de la guerra de guerrillas urbana librada por una variedad heterogénea de contestatarios violentos contra la sociedad de treinta años atrás.
¿Al país le conviene que el gobierno, por popular que sea, haya reavivado las pasiones mortíferas de aquellos tiempos? Aunque por motivos comprensibles los familiares de los asesinados claramente creen que sí, no se da ninguna garantía de que los comprometidos personal o anímicamente con los represores estén dispuestos a reconocer que su derrota ha sido irremediable. Además, Kirchner y los voceros de “las organizaciones de derechos humanos” parecen resueltos a suministrarles pretextos para contraatacar. Un militar citado ya intentó suicidarse. ¿Todos reaccionarán ya mansamente, ya dirigiendo la violencia hacia su propia persona? Es posible, pero no es demasiado probable.
El gran cambio que hizo de la Argentina agresiva de Videla y Eduardo Firmenich el país tranquilo que soportaría con estoicismo ejemplar el derrumbe económico más doloroso de los tiempos modernos no fue fruto de una “autocrítica” severa llevada a sus últimas consecuencias por todos sus habitantes. Aunque muchos hablan de “autocrítica”, sería difícil encontrar a un solo dirigente político, militar, sindicalista o intelectual que se haya dignado tomar en serio la posibilidad hipotética de que él personalmente pudiera haberse equivocado en algo en el transcurso de su trayectoria.
Mal que les pese a los moralistas, para que resulten permanentes los cambios de este tipo, necesitan del olvido fingido y de la búsqueda siempre exitosa de atenuantes. Frente al pasado, el deseo de reivindicar la conducta propia suele ser mucho más fuerte que la voluntad de arrepentirse. El abandono por parte tanto de los militares como de los “idealistas” que en algunos casos los parodiaban -y que aunque sólo fuera por nostalgia siguen considerando un comandante uniformado un ser superior- se debió a que todos pudieran decirse que las circunstancias no sólo del país sino también del mundo entero se habían hecho totalmente distintas. Pues bien: Kirchner acaba de informarles a todos que el cambio no ha sido tan radical como creían.
La pregunta que han de formular los líderes de países que están tratando de distanciarse de una etapa signada por la violencia política consiste en: ¿qué convendría hacer para que no pueda haber una recaída? Kirchner parece suponer que la mejor respuesta es: eliminar la impunidad para que nadie dude de que los crímenes perpetrados por agentes del Estado serán castigados. ¿Esto servirá para reducir la posibilidad de que haya más violencia política en nuestro futuro? No hay por qué suponerlo.     Antes de la llegada al poder de Kirchner, la opinión generalizada era que ya no existía ninguna posibilidad de que los militares reincidieran, que la “mano de obra desocupada” encontrara el trabajo que más le gusta o que los grupos que festejan la retórica revolucionaria comenzaran a emular a sus antecesores terroristas asesinando, secuestrando y perpetrando atentados. Puede que tal perspectiva se haya debido a la injusticia, para no decir la impunidad, pero así y todo era claramente preferible a cualquier alternativa, incluyendo a la abierta por un gobierno que parece mucho más interesado en revisar el pasado que en preparar al país para hacer frente a los desafíos inmensos que le planteará un futuro que nadie está en condiciones de prever. Aún no anda suelto el demonio de la violencia política , pero, por desgracia, la cerradura de la puerta de la jaula en la que ha estado durmiendo durante años ya no parece tan segura como antes y el riesgo de que escape se ha hecho decididamente mayor.              
     
     
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