El crimen organizado en Argentina

Por Mario Filadoro

Especial para "Río Negro"

El crimen organizado vulnera la seguridad y el bienestar nacionales; en nuestro país, con el aumento de la crisis se ha puesto de manifiesto la necesidad de resolver el problema de la seguridad Existen grupos criminales organizados como mafias de contrabando y robo de artículos diversos, grupos organizados para realizar secuestros, tráfico de voluntades en las altas esferas políticas, etc. que vulneran las condiciones de seguridad y no permiten el bienestar de la población. En este sentido, los efectos son los mismos que los analizados en las secciones anteriores: la falta de voluntad política, la generación de una cultura del crimen que produce más organizaciones criminales, los problemas económicos que trae aparejado el crimen y los problemas sociales debido a la falta de seguridad. La incidencia se manifiesta a través de consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales.

Hay una demanda social creciente de seguridad, debido a hechos tales como el robo a mano armada y el homicidio o las lesiones graves seguidas de muerte o la muerte precedida por robo o violencia contra las personas, la sustracción de vehículos, que muestran claramente que las condiciones de seguridad y bienestar se hallan amenazadas La lucha contra el crimen organizado no se encuentra dentro de las prioridades del gobierno; tal vez, debido a esto es un tema poco estudiado en profundidad en la Argentina. A pesar de no existir muchas investigaciones referidas al crimen organizado, podemos inferir a partir de diferentes casos ocurridos la incidencia del accionar del crimen organizado en las condiciones de seguridad y bienestar nacionales.

En Argentina las organizaciones criminales se desarrollan en distintas actividades como diferentes tipos de tráfico (datos, vehículos, bebés, drogas, medicamentos, documentos, armas, entre otros), redes de prostitución, lavado de dinero y delitos financieros (organizaciones que "ayudan" a evadir impuestos), y grupos organizados dedicados al secuestro de personas. Asimismo, se pueden destacar algunos casos paradigmáticos como "María Soledad en Catamarca", "Santiago del Estero" y "Cabezas", la "Aduana Paralela", en los que se sospecha el involucramiento de las altas esferas de gobierno en el desarrollo y/o encubrimiento del crimen.

El tráfico en Argentina tiene diferentes facetas y parece estar sustentado por organizaciones criminales que se dedican a distintos tipos del mismo. Uno de los casos que más controversia generó fue el de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, en el que el Estado argentino fue involucrado en el tráfico de armas; también se produjeron casos similares con la aparición de armas de origen argentino en las favelas de Río de Janeiro sospechadas de su ingreso ilegal La Triple Frontera es, quizás, la zona en la que puede hallarse mayor variedad de tráficos. Dentro de éstos puede mencionarse el tráfico de vehículos desde Argentina a Paraguay, cigarrillos y artículos diversos por organizaciones criminales con un sustento local. Asimismo, se produjeron denuncias en la zona sobre tráfico (y caza ilegal) de animales y madera desde la selva Amazónica hacia Argentina y el mundo.

Con respecto al tráfico de drogas, si bien a la Argentina siempre se la consideró como un país de tránsito entre las zonas productoras y los centros consumidores, existen estudios que demuestran que el consumo local ha ido aumentando significativamente, al punto de ser considerado un país consumidor.

Resulta creciente en nuestro país la aparición de organizaciones que se encargan de comerciar documentos falsos y/o robados (tanto nacionales como extranjeros) y de datos personales. Referido a este último, se produjo en estos días la venta de datos de argentinos al exterior, a pesar de que existe una ley (25.326) que establece que, para que los datos que aparezcan en una base sean lícitos, deberá mediar el consentimiento expreso del titular Asimismo existen otros tráficos, como el de bebés (hay acusaciones acerca de organizaciones que involucran a médicos dentro de los hospitales), medicamentos truchos, los desarmaderos de autos que nuclean organizaciones que diversifican sus actividades (robo de automóviles, desmantelamiento, etc.), etc.

Existen otras organizaciones que no se dedican al tráfico, pero que llevan a cabo actividades ilícitas, como las redes de prostitución, involucrando a mujeres de cualquier edad y obligándolas a trabajar dentro y para la red y no permitiéndoles salir de la misma.

Dentro de los delitos financieros pueden observarse el lavado de dinero y la reciente aparición de organizaciones que se dedican a vender facturas apócrifas a las compañías para descargar impuestos.

En la actualidad han surgido organizaciones mafiosas dedicadas al secuestro extorsivo de personas, exigiendo exuberantes sumas de dinero a cambio de la devolución del o los rehenes Por último, se han producido casos en los que las altas esferas del poder político se vieron involucradas tanto en actos ilícitos (e inclusive criminales) como en el encubrimiento y la impunidad de los mismos; algunos de los más destacados son el "Caso Santiago del Estero", "Catamarca", "Cabezas", la "Aduana Paralela", "Conzi", las acusaciones de corrupción dentro del PAMI.

En Argentina se ha instalado la sensación de que una matriz mafiosa sigue proyectando su sombra sobre la vida social. No será la primera vez que se hable de mafias enquistadas en el Estado Nacional. Si bien, fundamentalmente a partir de la generalización de los secuestros extorsivos, suele ubicarse a las mafias en el ámbito de la delincuencia común, más de una vez se ha proyectado hacia el sector público como lo demuestra un gran número de casos de tráfico ilegal, violencia o de corrupción que no han sido resueltos y que fortalecen la sospecha de que ciertos agentes del crimen pueden actuar tranquilamente por tener garantizada su impunidad.

La explosión de Río Tercero, la sucesión de muertes vinculadas presumiblemente con actividades ilícitas en el caso de la "Aduana Paralela" y con la venta ilegal de armas, la falta de esclarecimiento y las contradicciones en torno de las investigaciones referentes a los atentados contra la Embajada de Israel y el edificio de la AMIA, entre otros asuntos, son hechos reveladores de esta situación en la cual se conjugan procedimientos mafiosos e impunidad.

Para concluir, esta situación debería obligar a las autoridades nacionales, a las fuerzas del orden y a la Justicia a actuar con la necesaria celeridad, para que se termine la grave percepción social de que los mafiosos andan sueltos y para que cese el desorden institucional que incentiva la acción de bandas organizadas que amenazan las condiciones de seguridad y bienestar nacionales.