Viernes 15 de agosto de 2003
		La soberanía como excusa
		Por Carlos Segovia
		La detención de un grupo de militares acusados de crímenes de lesa humanidad por pedido del juez Baltasar Garzón y la derogación del decreto 1.581/01del gobierno de Fernando de la Rúa que disponía el rechazo de cualquier pedido de extradición, plantean como muy factible la posibilidad de su juzgamiento por parte de la Justicia española. Algunos sectores opuestos al juzgamiento sostienen que la intervención de una justicia extranjera para resolver cuestiones ocurridas en nuestro país no debe aceptarse, pues significaría una injerencia que vulneraría la soberanía nacional. Y en consecuencia, agregan, otorgar la extradición aceptando la competencia del juez extranjero significaría abdicar de la soberanía. Este argumento intencionalmente efectista carece, sin embargo, de entidad frente a la verdad de los hechos, ya que Baltasar Garzón interviene en razón de la presentación realizada por argentinos ante la Justicia española. Válidamente se puede afirmar que se ha acudido al magistrado español en razón de que los jueces argentinos se negaron a acoger los reclamos. Es un juicio de argentinos planteado en España por hechos ocurridos en la Argentina. Ello ha sido posible por aplicación de normas del derecho penal internacional y de la doctrina de la jurisdicción universal y ante la circunstancia innegable de que en la Argentina la existencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron la actuación de la Justicia. Por otra parte, esta visión, teñida de reminiscencias nacionalistas, es sugestivamente parcial y oportunista si tenemos en cuenta que la soberanía argentina viene sufriendo afectaciones de diversa índole desde largo tiempo atrás, sin que hayan formulado objeciones o defensas similares a las que se registran en ocasión de los juicios por derechos humanos. Como ejemplo de lo mencionado recordemos que se afectó la soberanía cuando se permitió ingresar al territorio nacional tropas militares extranjeras sin contar con la imprescindible autorización del Parlamento, conforme lo exige la Constitución Nacional (art. 75, inc.28) para efectuar los ejercicios militares Cabañas 2000 y Cabañas 2001, realizados en las provincias de Córdoba y Salta, respectivamente. En esos ejercicios llevados adelante bajo el auspicio, financiamiento y dirección de los Estados Unidos, con la participación de militares de los países limítrofes se vuelven a plantear como objetivos centrales la cuestión del ‘enemigo interno’, una nueva edición de la doctrina de la seguridad nacional, del ‘conflicto de baja intensidad’ y del plan Cóndor, cuyas consecuencias trágicas para los pueblos de la región son harto conocidas. Igualmente significa una declinación de la soberanía la anunciada decisión del gobierno argentino de acceder a la exigencia norteamericana de otorgar a sus soldados un estatus especial durante los futuros ejercicios a realizarse en nuestro territorio, a fin de dejarlos fuera de los alcances del Tribunal Penal Internacional. En el campo de las relaciones económicas, la Argentina ha experimentado resignaciones en su soberanía con perjudiciales consecuencias. Es el caso del decreto 2.585/91, verdadera artimaña jurídica elaborada para escapar al cerrojo de la ley de Convertibilidad, que prohibía todo tipo de indexaciones de precios por ajustes monetarios o por incremento de costo. Por medio de este decreto se dispuso que como la ley de Convertibilidad constituía “un obstáculo insalvable” para indexar y actualizar las tarifas telefónicas, era “legalmente aceptable” fijar las tarifas en la moneda de un país estable, como EE. UU., e indexarlas por las variaciones que registren los índices de precio de ese país (este criterio de indexación se aplicó para todo el proceso privatizador). Se transgredía de esta suerte la ley para beneficiar a las empresas privatizadas, atando el costo del servicio a circunstancias totalmente ajenas a lo nacional, ya que se las hacía depender de lo que ocurriera en el exterior y se tomaba un signo extranjero (el dólar) como referente, desconociéndose el valor de la moneda (en este caso la argentina) como expresión de nuestra soberanía. Es así que entre 1995 y junio del 2001, mientras en nuestro país hubo deflación en el índice de precios minoristas (-1,1%), en EE. UU. crecieron el 18,4% y los de precios mayoristas 1,6% y 9,8% respectivamente. Según el investigador del Conicet, Daniel Azpiazu (Realidad Económica 189), este mecanismo de ajuste significó para las empresas telefónicas, de electricidad y del gas, ingresos ilegales por más de 9.000 millones de dólares. Otra muestra de declinación de la soberanía resulta de la aceptación de jurisdicciones extranjeras para dirimir cuestiones patrimoniales ejecutadas o realizadas en nuestro país. Es el caso de los Tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras que la Argentina suscribió con 36 países durante el gobierno peronista de Carlos Menem. La finalidad de ellos consistía en asegurar protección a las inversiones foráneas, otorgando a los inversionistas el beneficio de acudir a una jurisdicción arbitral internacional para resolver eventuales conflictos con el Estado argentino. El ámbito al que se acude para aplicar este método es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias que funciona en el Banco Mundial, donde ya se han radicado presentaciones de empresas por ajustes y otros reclamos contra nuestro país. Esta breve mención a hechos en los que, sin ningún género de duda, se ha resignado o violentado, de diferentes formas y con alcances varios, la soberanía nacional sirve también para recordar cuál ha sido la posición asumida por los diversos sectores sociales frente a esas circunstancias, teniendo presente que algunos de los que hoy reivindican la soberanía ayer mantuvieron prudente silencio. De allí entonces que es válido sostener que en este caso de las posibles extradiciones de los responsables de crímenes del terrorismo de Estado, la invocación a la soberanía, a sabiendas de que no se los puede juzgar en nuestro país por la existencia de una legislación que lo impide, es una nueva excusa para asegurarles la continuidad de la impunidad.
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