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Jueves 7 de agosto de 2003 | |
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Obreros y campesinos brasileños ponen en aprietos a Lula |
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Por Diana Renée |
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| Sólo siete meses después de llegar al poder rodeado de esperanzas de cambios profundos, el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta una ola de protestas y demandas por parte de los mismos grupos de obreros y de campesinos que lo llevaron a la victoria en las urnas de octubre del 2002. Las marchas, huelgas y ocupaciones de fincas y terrenos urbanos que se multiplican por el país reflejan la frustración de los sectores que esperaban que la llegada al poder del máximo líder de la izquierda brasileña marcara un giro radical en la política económica y social adoptada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Lula, quien ganó las elecciones por abrumadora mayoría criticando específicamente el "sesgo neoliberal" del gobierno de Cardoso, asumió el poder en medio de una gran incertidumbre por parte de los agentes del mercado, que temían un giro radical y una moratoria de la deuda externa. Al contrario -y pese a las promesas de estimular la creación de empleos, realizar una amplia reforma agraria y asegurar tres comidas diarias a los 43 millones de subalimentados brasileños-, Lula puso en marcha una durísima política de austeridad fiscal, en un intento de conquistar la confianza de las temidas "fuerzas del mercado". Su equipo económico, comandado por el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, tuvo éxito en esa tarea -logró controlar la inflación y mejorar la imagen internacional del Brasil-, pero el ajuste dejó un pesado costo social. La tasa de desempleo supera récords históricos todos los meses, la demanda de vestimenta y medicamentos se redujo en casi un 70%, las empresas bajaron sus previsiones de inversión y el presupuesto gubernamental es insuficiente para permitir un aumento de las inversiones sociales. Esa situación parece haber erosionado la confianza de los antiguos aliados en el presidente, que este mes crearon una Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) para sumar fuerzas y presionar al gobierno a "cambiar el rumbo". La entidad prepara protestas contra el desempleo y también se dispone a estimular al Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) -una versión urbana del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)- a invadir unos 100.000 metros cuadrados de terrenos desocupados en las grandes ciudades del país. A su vez, la Central Unica de Trabajadores (CUT) -fundada por el propio Lula hace poco más de dos décadas como una especie de "brazo sindical" del PT- comandará en setiembre y octubre duras negociaciones salariales que podrán llevar a la huelga a sectores importantes como el metalúrgico y el petrolero. "Las pérdidas salariales en los ocho años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso han sido grandes, y no pretendemos renunciar a nuestros derechos para ayudar al gobierno", expresó el portavoz de la CUT, el líder petrolero Antonio Carlos Spis. La "explosión" de demandas no llega a sorprender a los analistas políticos, que coinciden en afirmar que las presiones reflejan la gigantesca deuda social acumulada a lo largo de la historia brasileña. "Todos sabíamos que el país tiene una enorme demanda social acumulada y que las expectativas iban a estallar con la victoria de Lula", expresó el sociólogo Marco Aurelio Santana, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Según Santana, el gran reto que enfrenta Lula es el de negociar con los movimientos sociales "desde la posición de gobierno", lo que "no es una tarea fácil, si se considera que el PT no es un partido cualquiera y que su marca característica es la fuerte ligación que siempre tuvo con los movimientos populares". "Los movimientos sociales están, en un cierto sentido, huérfanos del PT, que durante más de dos décadas fue el canal a través del cual sus demandas llegaban al ámbito político", expresó asimismo el politólogo Luciano Dias. Pese a la creciente presión que enfrenta por parte de los mismos movimientos populares que lo llevaron a la presidencia, Lula da Silva abrió en mayo un nuevo frente de fricciones con sus antiguos aliados, al presentar un polémico proyecto de reforma del sistema de pensiones de los funcionarios públicos, una de las principales fuentes del déficit público del país. Al proponer el fin de derechos y privilegios asegurados hasta ahora a los servidores del Estado, Lula da Silva desató la ira de esa categoría -que inició una huelga de protesta que cumplirá un mañana- y abrió una crisis con el Poder Judicial, ya que los magistrados brasileños no admiten perder sus beneficios previsionales y llegaron a amenazar con paralizar sus actividades. No obstante, fuentes cercanas al gobierno aseguran que Lula prepara un conjunto de medidas destinadas a reactivar la economía y poner en marcha el "espectáculo del crecimiento" prometido por el gobierno para el segundo semestre. Según el diputado Walter Pinheiro, correligionario de Lula da Silva en el PT, el gobierno sabe que "hay que tomar otro rumbo", para poner en marcha "una agenda positiva que nos devuelva la alegría, la osadía". Por ahora, sin embargo, el gobierno de Lula se enfrenta no sólo con las presiones de los sectores de izquierda, sino también con una creciente desconfianza de la derecha, que teme que el gobierno pierda el control sobre las acciones de los movimientos que apoyó durante más de dos décadas. (DPA) |
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