Miércoles 6 de agosto de 2003
		Legislatura de Río Negro: tarea inconclusa
		Por Carlos Celeste
		Las conclusiones de la comisión investigadora referidas a la venta anticipada de regalías, TPC y Fusión por Absorción, fueron similares a las que expusimos nosotros y el diario "Río Negro" en todo momento. El de la Turbine Power Co SA (TPC) se amplía inclusive a los orígenes de la licitación para la construcción y montaje de una central térmica en General Roca y el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica que tenía ERSA en toda su jurisdicción. Es bueno, muy bueno, que los legisladores hayan aprobado los dictámenes donde concluyen que los consumidores de energía eléctrica desembolsaron 35 millones de dólares de más en estos últimos 5 años; que se evitó -gracias a una medida cautelar de la Justicia- que pagaran 200 millones de dólares en los próximos 15 años; que los contribuyentes soportaron 11 millones de dólares sin razón justificable; que por la elusión de impuestos las arcas rionegrinas se vieron afectadas también en varios millones de pesos; y que los funcionarios, incluyendo al gobernador, violaron la Constitución de la Provincia de Río Negro, legislación positiva, normativa reglamentaria y los más elementales principios de sana administración de los recursos públicos. Pero los legisladores privilegiaron la aprobación del dictamen por unanimidad (lo negociaron), antes que imponer el criterio que cada uno de ellos tenía de las operaciones efectuadas por Verani y sus funcionarios. Entonces, en lugar del dictamen que promedió, "consensuó" o colectivizó el pensamiento del conjunto, hubiera sido preferible que los rionegrinos conocieran la escasa o nula labor de algunos legisladores, los esfuerzos de los diputados Pega y Jiménez para defender las operaciones investigadas, la profesionalidad desplegada por Grosvald, Wood y Rosso y -por último- la tarea arquitectónica del presidente Chironi, que si bien permitió darle contenido a los dictámenes mencionados, tiene la posibilidad de lograr que las conclusiones sean nada más que eso: la conclusión de una investigación. Los dictámenes en sí mismo -en la medida que no se instruyan las medidas naturalmente consecuentes- tal vez sólo sirvan para que la historia los recoja alguna vez y los coloque en los anaqueles de las cosas truncas o impunes que esta Argentina de hoy tiene a montones. El juicio político a todos los funcionarios involucrados en estas operaciones investigadas, la elevación expresa de las actuaciones a los jueces que tienen en sus manos las acciones penales y civiles iniciadas oportunamente, la decisión de ser co-denunciantes o querellantes de las mismas, la petición de instrucciones o prevenciones sumarias, etc., hubieran sido un final de mejor lectura. Pero mucho mejor habría sido -aún están a tiempo- si, además de todo lo anterior, los mismos legisladores hubieran adoptado la decisión primera que realmente les corresponde, para que los jueces que tienen las denuncias indicadas puedan actuar con mayor grado de libertad. La Legislatura debe derogar la ley 3.019 en cuanto aprobó las actuaciones realizadas por el Poder Ejecutivo para la privatización de la empresa eléctrica provincial y que incluían las operaciones que demostró fehacientemente -por dictamen unánime de la Comisión Investigadora- que fueron realizadas con un sinnúmero de serias irregularidades, en perjuicio del pueblo rionegrino. De esa forma, permitirán que rápidamente los rionegrinos recuperen lo pagado de más. Si esta tarea estrictamente legislativa no se hiciera, queda exclusivamente en manos de los jueces y fiscales actuantes realizar el pedido de juicio político a Verani, sus colaboradores y cualquier otro responsable que detecten, ya que a pesar de que se dicen inocentes no creo que voluntariamente renuncien a su privilegio de inmunidad y se sometan a la Justicia, cada uno de ellos, como el más común de los ciudadanos.
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