Viernes 1 de agosto de 2003
		Orígenes de la Unión Cívica Radical
		Por Mabel Bellucci
		Entre 1880 a 1914, dentro del contexto internacional dominado por un número reducido de potencias capitalistas europeas, en especial Gran Bretaña, la Argentina se incorporó a un embrionario proceso de modernización económico, social y político subordinado al mercado mundial a través de su perfil agro-exportador. Su necesidad de integración hacia afuera conllevó a configurar un estado nacional y a desarrollar un incipiente proceso de industrialización que se correspondía con el surgimiento de sectores obreros urbanos -constituido por las corrientes inmigratorias europeas de ultramar-, que trajeron consigo experiencias ideológicas y organizativas. Consecuentemente, este flujo humano provocó la aparición de las primeras organizaciones gremiales. En ese escenario nació formalmente la Unión Cívica Radical, en 1891, y fue adquiriendo un acelerado protagonismo opositor contra los gobiernos conservadores del Partido Auténtico Nacional (PAN) hasta su acceso al poder, con las elecciones nacionales, en 1916. En sus inicios, se proponía conformar una agrupación permanente, principista, impersonal y descentralizada mediante la construcción de una estructura federativa. Durante la primera década del siglo XX, comenzaron a surgir espacios territoriales de mediación como eran los comités. Estos efectuaban una constante propaganda para poner al partido en contacto con las masas, garantizando no sólo la formación de líderes sino también la convocatoria del partido para la movilización popular. Este partido venía a cumplir un fuerte anhelo colectivo de constituir una fuerza moral, una causa de civismo como meta histórica; sintetizada más por sus líderes que por una organización partidaria. Sus premisas fundantes básicamente eran tres. Primero, la defensa del sistema representativo, republicano y federal establecido por la Constitución Nacional, permitiendo la práctica real de la división de los tres poderes, así como el respeto a las autonomías provinciales y municipales. Segundo, la ampliación del sufragio. Y, por último, la necesidad de moralizar la administración. De acuerdo con el planteo de Ana V. Persello, en el texto "Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política": "... el problema residía en la personalización del poder y se superaría reemplazando el gobierno de notables por un gobierno de las leyes..." No obstante, junto a este espíritu legalista de la UCR también implementó el uso de la violencia armada para derrocar a lo que se denominaba "el régimen". Así, todas estas premisas fueron generando un sentimiento de pertenencia a un espacio político común por parte de sus integrantes, simpatizantes o adeptos, otorgándole una fuerte legitimidad frente a sus bases. No cabía duda de que este partido principiante en manos de Leandro N. Alem, con esos pretendidos objetivos, provocaría fuertes simpatías y esperanzas entre pequeños comerciantes y dueños de talleres artesanales de la ciudad de Buenos Aires, antiguos grupos criollos bonaerenses junto con estudiantes rebeldes. De una u otra manera, todos ellos se pronunciaban contra un escenario político sumamente viciado por prácticas excluyentes y adversas a un proceso de mayor democratización que la propia legalidad del régimen escamoteaba. Por lo tanto, el común denominador de la época se resumía en el ejercicio del fraude electoral, la manipulación de la gente y el uso clientelar del aparato del Estado. Este número de transgresiones a la norma era avalado y puesto en marcha por los sectores dominantes reunidos a partir de una complicada red de alianzas que se renovaban en cada coyuntura electoral nacional, provincial o municipal. Ello atentaba no sólo contra los principios de la representación política, sino también no garantizaba el ejercicio de los derechos constitucionales.
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