Una doble deuda en materia de seguridad

El crecimiento del delito urbano ha motivado las primeras protestas populares en Bariloche, y aunque todavía no se ha manifestado con sus nuevas modalidades de secuestros extorsivos y toma de rehenes, es preocupante el incremento de los robos con armas y los hechos contra la seguridad personal Frente a esta realidad, quizá como lema de campaña, el gobernador Pablo Verani afirma que Río Negro es una provincia segura, y califica de "criterio fachista o dictatorial" el reclamo de mayor presencia policial. También cuestiona a la prensa cuando denuncia las innumerables violaciones de derechos humanos que se producen en las alcaidías, y afirma que "se está construyendo una alcaidía nueva en Bariloche", aunque debe saber que eso no es verdad.

El Estado tiene la potestad indelegable en materia de seguridad, y la responsabilidad de dar respuestas a los reclamos ciudadanos. Responder con frases retóricas a quienes piden más policías en la calle, o un destacamento para populosos barrios que están a cinco kilómetros o más de la comisaría más cercana, no soluciona el problema que padecen miles de ciudadanos Ultimamente, entre los críticos al sistema de seguridad se sumó el legislador Hugo Castañón, quien el sábado sufrió un asalto a mano armada, al igual que otros automovilistas, mientras cargaban combustible, antes de las 20 y a pocas cuadras del centro de la ciudad. Castañón también reclamó mayor presencia policial en los barrios, para frenar los asaltos y la violencia barrial que la semana pasada se cobró dos vidas, y recordó que había advertido al ministro Esteban Rodrigo sobre la inconveniencia de reforzar la seguridad en la zona céntrica, dejando a los vecinos de los barrios desprotegidos.

Sobre el tema carcelario, un fiscal sentenció no hace mucho, que "no se ha encontrado un remedio mejor que el encierro para los que infringen la ley". Y las leyes son las que facultan a la policía a prevenir y combatir el delito, y a los jueces a la imposición de penas privativas de la libertad, aunque siempre condicionando su aplicación. Sin embargo, una vez detenido o condenado el reo, es el Estado el que incumple con su parte del contrato, imponiendo severidades no previstas en la sentencia, sobre todo por omisión de sus obligaciones.

Hace varios años que ante la crítica situación carcelaria, el gobernador se prodiga en excusas como: "de la noche a la mañana no podemos", o en anuncios sobre próximos arreglos, reformas, u obras fantasmas. Y es cierto que a un minúsculo sector de la alcaidía local le están realizando una serie de refacciones cosméticas, pero también es verdad que ya en 1995, cuando la alcaidía de Bariloche tenía 62 internos, menos de la mitad de sus actuales habitantes, un informe del comisario Octavio Uribe señalaba que "la situación puede hacer eclosión en cualquier momento con consecuencias lamentables".

Si ese informe pasó inadvertido para Verani, en mayo de 2001 el juez César Lanfranchi lo notificó en forma personal sobre las violaciones que se estaban cometiendo en la alcaidía: a la Constitución Nacional, a los pactos internacionales sobre derechos humanos, a la Constitución Provincial, y leyes que advierten a los funcionarios sobre las penalidades que le corresponde a quienes consientan o no denuncien los tratos crueles, degradantes e inhumanos.

Pocos días después, en un hábeas corpus correctivo, intimó al Gobierno a ejecutar "de inmediato los actos necesarios para el efectivo ejercicio de los derechos individuales restringidos y la efectiva vigencia de las garantías negadas que padecen los internos de la alcaidía". Han pasado más de dos años de estas advertencias, y el Estado sigue estando en deuda con sus presos, porque no es verdad que se esté construyendo una nueva alcaidía.

Serafín Santos

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