Un ladrón reincidente recibió su segunda condena en Bariloche

Le impusieron tres años y medio de prisión, pero la pena se la unificaron en ocho años y medio por un hecho anterior

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Primera del Crimen le impuso tres años y medio de prisión en suspenso a un delincuente que ya había sido condenado a cinco años de prisión por un robo con armas, y se encontraba en libertad condicional cuando falló en el intento de cometer un nuevo delito En esta ocasión, Sergio Manuel López Cañoles, de 22 años, asaltó una carnicería a cara descubierta y a plena luz del día, pero un empleado de seguridad lo detuvo a las pocas cuadras sin que llegara a disponer del dinero sustraído, cuando escapaba en una bicicleta.

La causa se originó a las 12 del 13 de junio de 2002 en la carnicería del frigorífico "Arroyo". A esa hora se presentó el imputado, empuñando un revólver calibre 22, y luego de amenazar y reducir a los clientes y empleados, se apoderó de una suma cercana a los 200 pesos que estaba en la caja registradora. Después tomó la bicicleta que había dejado en la puerta del comercio y emprendió la fuga, pero fue detenido por el custodio en Dos de Agosto y Elordi. El ex policía llegaba a su trabajo, y fue alertado por uno de los empleados cuando el delincuente iniciaba la fuga. El vigilante persiguió y detuvo a López Cañoles.

En base a los testimonios concordantes de los damnificados y otros testigos presenciales, el fiscal Carlos Alberto López consideró que estaban ante un hecho de flagrancia y pidió que le impusieran dos años y medio de prisión a López Cañoles. El defensor particular, Leonardo Pacheco, reconoció la autoría del ilícito por parte de su asistido, pero alegó que no se había tratado de un acto deliberado o meditado, sino de "un movimiento desesperado ante la falta de trabajo y la inminencia del nacimiento de su hijo", y pidió que le impusieran un año y 8 meses de prisión.

Los jueces fueron más allá de la pena solicitada por el fiscal. En fallo que redactó el juez Alfonso Pavone, tomaron en consideración la situación socio-económica del imputado, pero también la existencia de una condena anterior por el mismo tipo de delito, y acordaron imponerle 3 años y medio de prisión y unificarlo en 8 años y medio con la condena anterior.