Absolvieron a un taxista acusado de violar a un menor de edad

La medida se tomó tras la falta de credibilidad de la presunta víctima durante el relato de los hechos

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La falta de pruebas, la falta de credibilidad en los dichos de la presunta víctima y los controvertidos exámenes médicos y psicológicos determinaron que el tribunal de la Cámara Segunda del Crimen absolviera por la duda a Enrique Antonio Riquelme, el taxista de 59 años que debió pasar varios meses preso luego que un menor de ocho años lo acusara de haberlo violado desde que tenía seis años.

La falta de elementos concretos de prueba -casi siempre ausentes en los casos de abuso sexual- no impidieron que el fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier sostuviera la acusación contra Riquelme, que debió enfrentar la imputación de haber violado en forma reiterada al nieto de una vecina.

Una versión indicaba que el imputado le habría contagiado sífilis a la víctima, pero la circunstancia -que en caso de ser cierta comprometería al acusado- no pudo ser verificada y puso en crisis la acusación. Sin embargo, Sánchez Gavier entendió que el hecho de no haber sido contagiado no descartaba la existencia de una relación sexual, y pidió que una condena de 13 años por corrupción.

El defensor Mario Altuna criticó al fiscal al afirmar que había "una inversión de la carga de la prueba", y consideró descabellados ciertos tramos del relato del menor. También atacó el informe y la deposición en audiencia del psicólogo forense Oscar Benítez, y concluyó su alegato pidiendo la absolución de Riquelme "por no haberse podido acreditar la materialidad de los hechos".

Esa necesaria materialidad, antes de analizar la presunta autoría del imputado, a juicio de los jueces no superó las dudas que a cada paso la ponían en crisis.

La difusión de una violación seguida de homicidio de una chica de 12 años motivó la confesión del menor que dio origen a la causa, porque el chico aprovechó para confiarle a su madre que él también había sido abusado sexualmente por un vecino de su abuela.

La mujer denunció que su hijo de ocho años vivía de lunes a viernes en el domicilio de su abuela, y que el imputado habitaba una casa vecina.

Los actos descriptos por el niño fueron calificados por el fiscal como "promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima y por el uso de violencia y amenazas", y al acusado también le imputaron haber realizado actos que "le ocasionaron al niño un daño psicológico irreparable".

El defensor del taxista presentó una pericia de parte para demostrar que el menor inventó la acusación, y aunque los jueces no se inclinaron por ninguna en especial, la controversia jugó a favor del imputado.