Martes 5 de agosto de 2003 | ||
La renegociación beneficiará a Neuquén Los reclamos de Repsol están en sintonía con los de Sobisch NEUQUEN (AN).- Los reclamos de Repsol y las privatizadas españolas del sector energético deben sonar como música para los oídos del gobierno neuquino. Ramón Blanco Balín, vicepresidente de la petrolera española Repsol, dijo que el sector energético financia, en Argentina, "al sector productivo" en un mecanismo que constituye "una transferencia de recursos que no se debe admitir". Es la misma teoría que esgrimen Jorge Sobisch y sus operadores principales, entre ellos el ministro de Economía -ahora de licencia por campaña-, Alfredo Pujante. El gobierno neuquino viene sosteniendo desde el año pasado que la Argentina tiene pisados los precios del gas y, el acuerdo con las petroleras para evitar que suban los combustibles también "plancha" al del petróleo en 28,5 dólares por barril cuando la cotización está por encima de los 30 dólares -ayer el WTI cerró a 32,06-. Como Neuquén asegura que "subsidia" los productos de la Pampa húmeda, quiere reclamarle un resarcimiento al Estado nacional que ya calcula en 120 millones de pesos por el período que va desde la salida de la convertibilidad hasta diciembre de 2002. En un foro de empresarios desarrollado en Santander, España, donde participaron los jerarcas del empresariado español, la mayoría de los cuales tiene negocios en Argentina, Blanco Balín rechazó cualquier posibilidad de reestatización en el país; dijo que Néstor Kirchner es un hombre que "firma acuerdos cumplibles" a quien conoció como gobernador de Santa Cruz. Blanco Balín ejemplificó su teoría de la transferencia indebida de recursos al mencionar el caso de Techint. "Nos compra el gas en pesos y nos vende los tubos en dólares", y lo mismo ocurre, dijo, con "los hoteles cinco estrellas" en el país. Las declaraciones de Blanco Balín dieron vuelta el mundo el sábado, reproducidas por los principales medios de comunicación voceros del sector empresario. En simultaneidad con esa caracterización de Kirchner y la necesidad de fijar cuanto antes un nuevo esquema tarifario para los servicios públicos, se conoció la reactivación de las demandas de varias empresas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, un organismo dependiente del Banco Mundial que funciona como una suerte de tribunal arbitral.
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