Piden la ley de mala praxis para poner coto a los juicios

BUENOS AIRES (DyN) - Entidades médicas, prestadores y asociaciones científicas coincidieron ayer en reclamar al Congreso Nacional que apruebe la ley de "mala praxis" que limitaría el funcionamiento de la llamada "industria del juicio" contra los profesionales de la salud a un costo estimado de 100 millones de pesos al año. Así lo manifestaron las entidades sin fines de lucro nucleadas en la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), que consideraron, también, que los costos en seguros y procesos judiciales que afrontan las empresas y médicos conspiran contra "una eficiente inversión en salud y dificultan la inclusión en el sistema de cientos de miles de personas que carecen de cobertura".

Según ACAMI, el Congreso de la Nación trabaja desde hace cinco meses en una ley para poner límites a este tipo de demandas, que en algunos casos alcanzan cifras "exorbitantes motorizadas por la llamada industria del juicio". En este sentido, la Asociación hizo público los resultados preliminares de un trabajo que presentará en el Sexto Congreso Argentino de Salud -que se realizará el 28 y 29 de agosto en la Academia Nacional de Medicina- que estima en esta década "la erogación global del sistema sanitario a raíz de estas acciones judiciales ascendería a 4.300 millones de pesos".

De acuerdo con los datos que maneja la entidad, en la Argentina las coberturas más económicas de seguros por mala praxis fluctúan entre los 50 y los 60 pesos mensuales, y un médico clínico puede llegar a pagar hasta 1.000 pesos al año por una suma asegurada de 150 mil pesos, según estimaciones efectuadas por aseguradoras del sector.

Los datos que maneja la entidad indica que Argentina "es el país con mayor litigiosidad por errores médicos en América latina" y que el "60% de los reclamos se concentran en capital federal y el conurbano bonaerense". Sólo en 2001 se iniciaron alrededor de 10 mil demandas por mala praxis en todo el país, a un promedio de 360.000 pesos cada una, por lo que en apenas un año el monto reclamado ascendió a 3.600 millones de pesos, el 16% del presupuesto anual en salud.

La Cámara de Diputados estudia un proyecto que busca limitar el plazo de prescripción para entablar demandas civiles.