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La cámara dejó sin efecto el llamado a oferentes. También ordenó la entrega directa de los inmuebles. El mayor objetivo es unificar los servicios del cerro.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La cámara de apelaciones en lo civil, comercial y de minería de la tercera circunscripción judicial, con sede en esta ciudad, resolvió hacer lugar a dos medidas cautelares peticionadas por la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA) y dejó sin efecto el "llamado a oferentes", por el cual la provincia alquiló locales comerciales en el cerro Catedral. Asimismo, ordenó el desalojo de otros inmuebles, ocupados por terceros y por la propia provincia en la base del complejo invernal.
De esta manera, la cámara reconoció una serie de irregularidades y contradicciones de la secretaría de Estado y Turismo de Río Negro y con el voto favorable de los jueces Horacio Osorio y Luis Escardó, hizo lugar a la acción declarativa interpuesta por los doctores José Luis Martínez Pérez, con el patrocinio de Ana María Trianes y Máximo Fonrouge. Este fue diligenciado ayer a la mañana por Martínez Pérez, Pablo González y la escribana Daniela Chavez.
Los jueces entendieron que "la actitud pública de la provincia ha creado un estado de incertidumbre jurídica y contractual que es susceptible de causar lesión patrimonial a CAPSA" lo cual se contradice con el espíritu y también la letra de la licitación 1/92 y su posterior contrato, los cuales promovían la unificación de todos los servicios en el centro invernal.
Los camaristas se basaron, entre otros aspectos, en lo que disponen las claúsulas particulares de la concesión, las cual fijan que a medida que se produzca el vencimiento de las concesiones preexistentes, estas pasarán a poder del que resulte vencedor de la licitación Esto fue el objetivo principal y el espíritu de la misma, por la cual se unificarían los servicios en el centro invernal, a semejanza de lo que sucede en prácticamente todo el mundo.
El juez Edgardo Camperi negó que la "cuestión venida a juzgamiento pueda verse únicamente desde la letra de las claúsulas de la licitación pública 1/92" y votó en discidencia.
No obstante, tres los jueces coincidieron en que "por ahora", no harán lugar al tercer requerimiento de CAPSA, el cual solicitaba se impida a la provincia "operar y explotar los medios de elevación y restantes instalaciones anteriormente pertenecientes a Vicente Robles SA, por sí o por intermedio del COAtur o cualquier tercero" En este aspecto entendieron que "el referido contrato prevé una etapa de negociación contractual cuya iniciación y/o agotamiento no consta haber sido cumplida", por lo cual no hicieron lugar a la misma.
Entre las numerosas medidas analizadas se destacan el comunicado de prensa emitido por Turismo el 1 de abril, donde indicaron que el 4 de mayo finaliza la concesión de Robles y que a partir de entonces CAPSA será "la única empresa que operará los medios en el centro de esquí" y también la nota del 15 de mayo, en la cual Turismo aseguraba a CAPSA no poderle entregar la ladera sur de la montaña por "impedirselo" una medida de no innovar, que posteriormente fuera anulada.
Durante la jornada de ayer el secretario de Turismo, Sergio Rodríguez, mantuvo reuniones de urgencia con los abogados del organismo provincial, los cuales intentarán revertir el fallo de la cámara (ver aparte) Paralelamente los empleados del COAtur, organismo que tiene a su cargo la operación y comercialización de la ladera sur de la montaña, continuaron con las tareas de puesta a punto de los medios de elevación que pertenecieran a Robles Catedral, merced a haber arribado numerosos repuestos de Francia.
La operatoria de los medios de elevación, que hasta ahora técnicamente parecería avanzar por buen camino debido al esfuerzo de los empleados y directivos del COAtur, podría verse obstaculizada ante un eventual recurso judicial que interponga Vicente Robles, la ex concesionaria En lo que respecta a la compra de los medios de elevación de la empresa Robles Catedral las autoridades provinciales también parecerían haber incurrido en marchas y contramarchas y pese a negarse a la opción de compra que preveía el contrato de concesión, finalmente, transcurridos 25 días del desalojo, efectivizaron la misma.
En este tiempo la empresa desmanteló los medios de elevación, por lo cual se tuvieron que importar repuestos desde Francia, mientras los retirados se acumulan en un depósito en Villa Catedral. Robles, que si bien pidió una cifra muy elevada por sus medios de elevación, hasta la fecha no recibió una propuesta formal por parte del Estado.
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