Miércoles 30 de julio de 2003

Juzgarán a siete sindicalistas que cometieron destrozos en Repsol

NEUQUEN (AN)- La fiscalía de Delitos Complejos pidió que siete sindicalistas sean juzgados por los destrozos cometidos en varias oficinas públicas y privadas el 9 de junio de 2000. Ese día hubo un paro general y marcha que derivó en graves incidentes porque en plena movilización los gremialistas se enteraron del fallecimiento de Silvia Roggetti, la docente que se lastimó en su escuela en construcción. Indignados por la noticia, la emprendieron contra todo lo que había a su paso.

El fiscal que pidió la elevación a juicio de la causa por "daño agravado" es Alejandro Cabral, quien también investigó la muerte de Roggetti pero la archivó "porque el hecho no encuadra en ninguna figura penal".

Hubo un intento por reabrir la investigación, se llegó a la etapa de las indagatorias, pero todos los imputados fueron posteriormente sobreseídos, según recordó ayer Cabral en diálogo con "Río Negro".

También por los episodios de ese día fue investigado el jefe de la Policía, Juan Carlos Lezcano, acusado de no hacer nada para impedir los destrozos. Ese expediente también fue al archivo.

En cambio, la que siguió adelante fue la causa iniciada por los daños a la sede de Repsol y a la casa de la ex subsecretaria de Educación, Graciela Chrestia. Y ayer el fiscal Cabral solicitó que sean juzgados por esos hechos siete sindicalistas vinculados a la CTA: Ernesto Panguilef, Luis Rivera, Horacio Ramírez, Damián Morales, Roberto Villalba, Sergio Vázquez y Gabriel Borrini. Todos están acusados de "daño agravado", un delito excarcelable, aunque en primera instancia les habían imputado una figura más grave.

Cabral recordó que habían sido indagados por el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime con prisión de 3 a 8 años a quienes formen parte de una organización que tuviere por objetivo "imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor".

Los violentos incidentes fueron una reacción, mezcla de bronca e indignación, por la muerte de Roggetti, una docente de educación física de 29 años que trabajaba en la escuela 197 del barrio San Lorenzo.

La escuela estaba a medias en construcción, y la profesora se lastimó en la cabeza con un grueso alambre que sobresalía de una malla cima. Estuvo una semana internada y falleció justo en la mañana que sus compañeros marchaban por las calles de esta capital en el contexto de un paro general.

Los manifestantes pasaron frente a la sede de la petrolera Repsol, que por entonces no estaba protegida por un grueso alambrado como hoy, y le destrozaron los vidrios. También quemaron cortinados y sustrajeron varias computadoras de las oficinas que dan a la calle.

Luego fueron a la casa de Chrestia, por entonces titular de Educación, a la que responsabilizaron de la muerte de Roggetti. Allí tampoco dejaron un solo vidrio sano. El esposo de la funcionaria no resultó lesionado. Los docentes responsabilizaron a Chrestia porque desatendió las numerosas cartas que le enviaron pidiéndole que suspendiera las clases en la escuela hasta que terminaran las refacciones.

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