Piden la devolución del aumento de Edersa

Usuarios hicieron una presentación ante la defensora del Pueblo. Le piden que accione judicialmente para obtener un reintegro de la tarifa elevada que cobró Edersa durante años y que la Justicia suspendió. Ahora, la comisión legislativa que investigó

La Defensoría del Pueblo ya evalúa la presentación vecinal que reclama su intervención por el sobrecosto en la tarifa eléctrica abonado entre 1996 y 2001. Se pide que esa entidad accione judicialmente para obtener un reintegro tarifario de Edersa.

En principio, la Defensora del Pueblo, Nilda Nervi deberá resolver si admite intervenir. "Los asesores evalúan si la legislación encuadra su participación. No voy a eludir ninguna responsabilidad", adelantó la funcionaria.

El gobernador Pablo Verani se comunicó la semana pasada con la defensora para adelantarle que enviaría toda la información técnica de la renegociación de 1996 del contrato eléctrico entre Río Negro y Turbine Power.

El debate del valor energético se planteó cuando la comisión legisladora que investigó operaciones energéticas en la gestión de Verani concluyó que aquel contrato determinó un sobrecosto en favor de la Turbine por 34 millones de dólares en un plazo de cinco años, entre 1996 y 2001.

Un cálculo inicial establecía que unos 5 millones fueron abonados por el Estado rionegrino (ERSA) mientras los otros 29 millones se facturaron directamente a Edersa, que trasladó hasta el 2001 ese costo de generación a los usuarios. Por eso, en un análisis lineal, bien se advierte que cada usuario eléctrico abonó en esos cinco años unos 225 pesos frente a lo que correspondía por el contrato original.

Después de la información legislativa, un grupo de vecinos de Viedma, Sierra Grande y San Antonio solicitaron a la Defensora del Pueblo que "se aboque al estudio pormenorizado" de las conclusiones de los diputados, "proceda a investigar las irregularidades de los funcionarios" y, entre otros reclamos, "determine el perjuicio a los usuarios consumidores rionegrinos".

En ese sentido, los demandantes solicitan que la Defensora asuma "el patrocinio letrado gratuito ante los tribunales peticionando la devolución del sobrecosto en el pago de la energía efectuada por los usuarios del servicio de luz eléctrica".

La mayor parte de la presentación vecinal reitera hechos, análisis técnicos y pruebas incluidas en el informe legislativa.

Según la Constitución Provincial, el Defensor del Pueblo tiene "la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial".

Ayer, la Defensora informó que inicialmente está acumulando los antecedentes y evaluando con sus asesores legales los alcances de su invervención. "Todo dentro de la ley. Este tema requiere absoluta certeza, pero no voy a eludir responsabilidades", expresó Nervi. Explicó que no hay plazos para definir la aceptación o rechazo de la cuestión pero adelantó que la respuesta será rápida por la inquietud ciudadana originada.

Destacó que esta acción "es la más difícil" que ingresó en su gestión por su complejidad, entonces adelantó que sumará "al análisis un equipo técnico" si se define su actuación en el expediente. (AV)

Economía respondió a las críticas de la comisión

Economía reaccionó ayer a las críticas planteadas por la comisión legislativa a distintas cuestiones energéticas.

En realidad, la respuesta oficial sólo se circunscribe al proceso de fusión -por absorción- de Edersa y Sodielec. En esa operación, la comisión investigadora presidida por Fernando Chironi observó el accionar de ese ministerio y luego diputados opositores solicitaron el pedido de juicio político para el ahora de licencia (por la campaña electoral) ministro José Luis Rodríguez.

En su respuesta, Economía aclaró que el proceso de fusión entre Edersa y Sodielec se concretó "en un todo de acuerdo con lo establecido en el decreto provincial 839/99, dando intervención previa al Ente Provincial Regulador de Electricidad -Epre- como organismo competente en la materia que se expidió favorablemente".

Se resaltó que las actuaciones administrativas fueron intervenidas por los organismos de control interno correspondientes.

También Economía explicitó que "el proceso de fusión no afectó el 51 por ciento de las acciones prendadas a favor de la provincia como garantía de contrato y que se mantuvo su valor de origen con la constitución de una fianza asumida por las empresas Camuzzi Argentina S.A. y Saesa. Estas dos últimas se constituyeron como fiadores solidarios, lisos y principales pagadores del monto total garantizado para de este modo mantener las condiciones económicas originales del contrato de concesión".

En relación al aumento de las tarifas por este proceso, la cartera destacó que "el artículo tercero del decreto N 839/99 prohibía expresamente un incremento durante toda la vigencia de la concesión para resguardar los intereses del consumidor final, hecho este considerado en el momento de la revisión tarifaria". (AV)

La tarifa y la reacción de los consumidores

A mediados de octubre de 2001, la solicitud de la empresa Edersa al Ente Provincial Regulador Eléctrico de que se le reconociera una tarifa superior a la cobrada hasta entonces generó una reacción inesperada por la firma: Se creó un movimiento empresarial y de consumidores en contra del aumento, que derivó en que la audiencia pública generara mucha expectativa, en un recurso de amparo civil y dos denuncias penales y en la creación de la comisión investigadora. En gran medida, la tarea de estudio previa la habían realizado antes que los legisladores el contador Carlos Celeste -ex funcionario de ERSE- y el abogado Juan Pablo Bohoslavsky. El amparo derivó en la suspensión de la tarifa y las denuncias penales están aún en trámite, una en Viedma y otra en Roca.