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Hay 6.500 solicitudes de tierras fiscales sin definir

La falta de actualización de los valores inmobiliarios frena la regularización de la tenencia de tierras fiscales en Río Negro. La inversión a Charles Lewis en lago Escondido y la revalorización de las tierras tras el asfaltado de la ruta entre El Bolsón y Bariloche, abrió un debate que derivó en la formación de una comisión que estudiará la modificación de la antigua legislación.

La inversión de Lewis en lago Escondido fue uno de los argumentos para frenar la regularización de tierras fiscales.

VIEDMA (AV)- Unas 6.500 solicitudes de titularización de lotes fiscales están congeladas desde hace más de un lustro, como consecuencia de la falta de actualización de valores inmobiliarios, según los registros que obran en poder de la Dirección de Tierras de Río Negro.

Dentro de ese volumen, unos 1.500 expedientes pertenecen a una gran cantidad de comunas rionegrinas ya que en ellos se incluyen pedidos de otorgamiento de parcelas urbanas.

La parálisis se extiende a la administración de hipotecas, tomadas décadas atrás por ocupantes de campos, con el riesgo de que la provincia nunca más pueda resarcirse de esas ventas (ver aparte).

Las demoras en debatir una política de regularización de cua-tro millones de tierras fiscales impide además a la provincia percibir el canon por uso de suelo para ductos y tendido de líneas de servicios públicos.

Días atrás se iniciaron una serie de discusiones que involucran a representantes gubernamentales y aborígenes. Además, todos los proyectos que tomaron estado parlamentario son materia de cuestionamiento por lo que se cree que un tratamiento legislativo puede ser inviable antes de las elecciones del 31 de agosto.

Hasta principios de la década del '90, el precio de la tierra tenía como sustento legal la Ley 279 surgida a poco de que Río Negro dejó de ser territorio nacional y se convirtió en Estado provincial.

En ese marco, tanto en los precios de las adjudicaciones precarias como ventas, jugaban algu-nos requisitos como la carga de ganado que podían recibir los predios tomando en cuenta que la mayor demanda se venía circunscribiendo a campos de secano, principalmente en la Línea Sur rionegrina.

El precio final se obtenía de un cálculo matemático surgido de una tabla que poseía el organismo. Requisitos similares había para la zona de chacras del Alto Valle, mientras que e la cordillera la tasación tenía un "mix" cuyos ingredientes surgían del propio proyecto productivo encarado por el ocupante.

Lo que generó, a criterio del Poder Ejecutivo, la necesidad de frenar las operaciones fueron varios hechos: la millonaria inversión que el magnate norteamericano Charles Lewis hizo en Lago Escondido, la revalorización del eje Bariloche-El Bolsón con el as

faltado de la ruta 258 y la Ley de Convertibilidad que no permitía las modificaciones de los precios.

Néstor Gentile, funcionario del organismo rionegrino, señaló que están paradas las ventas, así como también la fijación de precios al canon de ocupación por que está relacionado con el valor final del predio.

La indefinición respondió a un expreso pedido de la Fiscalía de Estado que por entonces estaba a cargo de Gustavo Martínez. En la actualidad éste se desempeña como ministro de Coordinación, y es el principal referente de la Comisión de Tierras que tiene por objeto estudiar modificaciones a la antigua legislación.

Las valuaciones fiscales en 1996, dijo Martínez, tenían precios irrisorios. La mayoría de las tierras estaban a 0,40 pesos la hectárea, 200 pesos en el Alto Valle, 50 pesos en la cordillera y a centavos en la precordillera. (ver aparte).

Precisamente, el ministro de apresta a convocar para el uno de agosto a la segunda reunión de la comisión con el propósito de definir cómo avanzar en el análisis de los distintos temas, a partir de los diagnósticos en cada región, y tratar de dar respuestas a los planteos que se formulen. Entre ellos figuran la entrega de títulos de propiedad a todos aquellos pobladores que reúnan las condiciones legales correspondientes, como ser ocupantes reconocidos por la dirección de Tierras, con convenios de deslindes y autorización de mensura.

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