La semana en San Martín de los Andes

Dominio del espacio

La política es materia maleable. Tanto como lo sugiere aquella frase de Fraga Iribarne: "el arte de lo posible, para lo que hay que intentar lo imposible...". En semejante diversidad, la política también es ocupar espacios. No ocuparlos es cederlos, perderlos; languidecer.

En junio de 2000, comunidades asentadas al pie de Chapelco fueron al Concejo Deliberante para presentar las llamadas "directrices para el desarrollo con indentidad".

En términos formales, se trataba de un conjunto de principios y salvaguardas que pretendían incorporar al cuerpo normativo de la comuna, como ordenanza.

En el trasfondo, eran medidas autoimpulsadas por las comunidades mapuches para poner en propias manos el control de sus territorios.

Tanto así, que podrían reservarse en los hechos un poder de veto sobre proyectos o emprendimientos que pudieran entender como colisionantes con su cultura, su cosmovisión, su interpretación del respeto por el medio ambiente.

Una de las claves era la de controlar los efectos sobre la cuenca del Lácar, lo que es lo mismo que tener llave sobre los cursos de agua que van por Chapelco. Un ejemplo: cañones de nieve sí o no, condicionados al parecer mapuche.

Respingo. Era demasiado. Las autoridades políticas hicieron gambeta elegante con una comisión intercultural. Por cierto, el tiempo pasó sin avances.

Entonces, las comunidades y la Confederación Mapuche -que al menos en este tema exhibieron más habilidad que los políticos locales- mudaron de interlocutor.

Pusieron sus demandas en la sintonía de la provincia, junto con otros temas territoriales y precedidos del traumático conflicto ambiental en Chapelco el pasado año, que arrancó la decisión del gobierno de Sobisch para construir una planta de saneamiento, ya finalizada.

A caballo del interés provincial por acabar con entredichos amplificados por la imagen de marca de San Martín, las comunidades firmaron la pasada semana un convenio de alcance insospechado para la mayoría, aún cuando sean logros ya legitimados en la Constitución del '94.

Entre otros aspectos, reconoce a la comunidad Curruhuinca "...el derecho a la gestión de sus recursos", y dispone la "realización de relevamientos y estudios ambientales en el área de Puente Blanco y Cerro Chapelco, como instrumentos para protección, preservación, y recuperación de los recursos naturales y demás intereses que los afecten, y el desarrollo sustentable del área habitada por la comunidad".

Y luego: "la comunidad Curruhuinca, a los efectos de participar en el control y supervisión de las actividades que se realizan en la zona aludida, designará cuatro técnicos o veedores, con el objeto específico de contribuir a ejercitar el control ambiental del área y a verificar el manejo y funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales".

Y luego: "las partes convienen que a partir de la firma del presente convenio, todos los organismos dependientes del Estado provincial -por ahora dueño del cerro- antes de iniciar cualquier acción referida a estudios, relevamientos, proyectos, obras, etc. en tierras pertenecientes a la comunidad, deberán tratar previamente con las Autoridades (sic, con mayúscula) de la misma, para lograr acuerdo y consentimiento..."

¿Y el municipio? Chapelco está en su ejido y se aplican sus controles. Claro que la comuna aún no es propietaria oficial de las tierras, pero lo será según la ley de transferencia dominial, cuyo plazo comenzará a correr desde el 30 de noviembre. Para entonces, las comunidades habrán ocupado espacios y no físicos, precisamente.

Habrán hecho política.

Fernando Bravo

rionegro@smandes.ar