Medio Ambiente: dos vigilan mejor que uno

En Río Negro, la provincia y los municipios compartirán los controles

VIEDMA (AV)- Algunas cuestiones de vigilancia ambiental serán compartidas entre el Estado rionegrino y los municipios, según el Decreto Nº 663 del Poder Ejecutivo provincial. Esa disposición prevé que ambas jurisdicciones deberán deslindar responsabilidades de esta naturaleza mediante la firma de un convenio.

La directora del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema), Nélida Gazia, aclaró que los acuerdos se realizarán con aquellos municipios que cuenten con capacidad técnica, de lo contrario "seguiremos interviniendo nosotros".

Señaló que el traspaso de responsabilidades se extiende a determinadas comunas como los casos de Viedma, General Roca o Bariloche, mientras que en otras situaciones-como el impacto que generará la planta de Soda Solvay en San Antonio Oeste-"se trabaja en forma conjunta".

También puso como ejemplo el caso de Bariloche, donde la comuna busca evitar la continuidad de la explotación de una cantera, cuyo peligroso talud vertical amenaza la estabilidad de dos barrios. Con este tipo de autorización, las comunas podrán emitir dictámenes de impacto ambiental sobre la construcción de nuevos barrios, y que afecten la seguridad de los habitantes de una determinada localidad.

La delegación de funciones está prevista en la Ley Nº 3.266 de Evaluación de Impacto Ambiental, pero el decreto otorga facultades al Codema para encarar dicho cometido.

Los alcances de la mencionada norma se extienden a la construcción de obras para la generación de energía hidroeléctrica, térmica, solar, eólica o nuclear; depósito, evacuación o transporte de residuos; construcción de rutas, vías férreas, puertos o acueductos. Comprenden a la prospección, exploración, explotación o acopio de recursos mineros, uso de suelos con fines agropecuarios, instalaciones químicas y contaminación de recursos.

La Ley establece suspensiones y clausuras de responsables e instalaciones, respectivamente. También prevé órdenes de destrucción de materiales o productos que degraden el ambiente y aplicación de multas que van entre los 20 y 2.000 sueldos mínimos de lo que perciben los estatales provinciales.