Impulsan la revisión del contrato de CALF

Patricia Vaca Narvaja, titular del área de defensa del consumidor de la Nación, consideró que la concesión, prorrogada desde 1997, no responde a ningún

Un cambio de mentalidad

Vaca Narvaja: el objetivo es "fortalecer la defensa del consumidor y del usuario e instrumentar mecanismos para una tarifa social".

NEUQUEN (AN).- El cambio de mentalidad requerido para respetar los intereses de usuarios y consumidores "debe ser visto como un valor agregado" a la gestión empresaria. Este es "el quid de la cuestión", dijo Patricia Vaca Narvaja: "cambiar la mentalidad empresaria, visualizar que la justicia demora y que lo mejor es prevenir".

En ese punto, aludió a los tribunales de consumo, que integran representantes de los consumidores, del sector público y empresario con un añadido: se pedirá que tengan "especialización en derechos del usuario". Vaca Narvaja estuvo en esta capital para disertar sobre "transparencia y participación ciudadana", invitada por el Instituto Arturo Jauretche.

Además de Buenos Aires, hay organismos de defensa del consumidor en Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chaco y en Neuquén. Los consumidores se quejan en primer lugar por los servicios de telefonía. Telefónica "duplica las quejas de Telecom", su competidora.

NEUQUEN (AN).- En materia de servicios públicos, la síntesis del objetivo que se proponen las autoridades nacionales se asimila a la expresión "barajar y dar de nuevo". Patricia Vaca Narvaja, subsecretaria de Defensa de la competencia y del consumidor de la Nación, lo subrayó: al referirse a la cooperativa CALF, recordó que el último contrato se firmó en 1987, fue prorrogado "y no se asimila a ningún marco regulatorio". Esto último resulta "imprescindible para la prestación del servicio" porque permite otorgar al usuario y consumidor reglas claras.

"Las leyes están; sólo hay que cumplirlas", dijo, y mencionó que "muchas ciudades están a la espera de la renegociación de los servicios públicos en la Nación para iniciar ellas un camino similar".

En consecuencia, "hay que revisar todos los contratos" porque apenas dos servicios -el de prestación de energía eléctrica y de gas- tienen marco regulatorio amparado por ley; el resto "sólo un decreto los sustenta". Esta revisión producirá un virtual efecto dominó en las concesiones en los tres niveles -nacional, provinciales y municipales- Coincidió con el decreto del presidente Néstor Kirchner que definió la metodología de trabajo de las "unidades de renegociación" de los contratos, que verificarán el cumplimiento por parte de las prestadoras. Ese organismo, de acuerdo con el decreto, funcionará en órbita de los ministerios de Economía -del cual depende su cartera- y Planificación, a cargo de Roberto Lavagna y Julio De Vido.

La falta de un marco y de entes reguladores en Neuquén resultan vitales a la hora de analizar los servicios públicos, dijo, y mencionó el transporte público, donde coexisten legislaciones y reglamentaciones de los tres niveles jurisdiccionales.

Sin embargo, "el usuario es uno solo, y no puede responder de manera simultánea a los tres niveles por un mismo servicio". Entonces, se trata de "nivelar para arriba", y ésa es una de las tareas que emprende la subsecretaría: asistencia técnica y jurídica, capacitación, búsqueda de mecanismos conjuntos que permitan la participación ciudadana de manera de "generar interacción" entre los diversos referentes de cada sector.

El objetivo general es "fortalecer la defensa del consumidor y del usuario; poner al alcance de su mano todos los instrumentos legales para mejorar su posición frente a las empresas e instituciones prestadoras de los servicios". La "revisión integral" de los contratos implica: accesibilidad a los servicios, tarifas, calidad, y "requiere una particular discusión la instrumentación de una tarifa social".

Reconoció que la legislación que defiende a los consumidores "no tiene el mismo empeño" en todas las provincias y eso se debe a una carencia en cuanto a la aplicación de políticas públicas.

Vaca Narvaja esgrimió como fundamento de su pelea -antes de la función pública fue la titular de la principal organización no gubernamental de defensa de los consumidores, Deuco-, el artículo 42 de la Constitución nacional Se refirió a las herramientas que garantizan la defensa del consumidor: audiencias públicas y tribunales arbitrales integrados por representantes de empresas, usuarios y consumidores y el sector público.