La FEEN condicionó su apoyo a la enmienda constitucional

NEUQUEN (AN).- Los empresarios apoyan la enmienda de la Constitución provincial para proteger al sector cooperativo pero lo condicionan a la sanción de un marco regulatorio que garantice calidad de servicio y tarifa adecuada a la existente en el mercado correspondiente. Ayer, los principales dirigentes de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, la entidad que nuclea a prácticamente todo el sector privado de la provincia, estuvieron en la Legislatura con la comisión de Asuntos Constitucionales.

No obstante, Edgardo Phielipp, presidente de la FEEN, apoyó el mecanismo de adjudicación directa a las cooperativas en la concesión de los servicios públicos que prestan en la actualidad. El empresario subrayó también que es necesario "aclarar el objeto social de las entidades cooperativas" a fin de no generar situaciones asimétricas o desiguales con respecto a las empresas privadas.

Aunque no se dijo expresamente en la reunión de la comisión que presidía el diputado Osvaldo Ferreyra, el sector empresario quiere circunscribir la acción de las cooperativas para que, por su carácter específico, no intervengan en otros negocios típicos de la acción privada. Sería el caso de CALF con su división de artículos para el hogar y electrodomésticos que compite con el comercio tradicional en condiciones ventajosas -en cuanto a lo fiscal, laboral e inclusive institucional-.

Phielipp estaba acompañado por Abel Rodríguez, representante de las entidades empresarias de Plottier. Precisamente en esa ciudad, debido al alto costo de la energía eléctrica, se produjo un éxodo empresario en el sector frutícola -empaque y frigorífico-. Además, en Neuquén es tradicional la queja de los comerciantes por la tarifa que pagan a CALF y el reclamo de las firmas instaladas en Parque Industrial que prefieren adquirir la energía al EPEN, que tiene un costo inferior.

En la reunión se recordó que la actividad privada de la provincia pertenece al sector de la pequeña y mediana empresa, un perfil institucional que por su escala impide acceder a, por ejemplo, la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y por lo tanto deben abastecerse en la distribuidora local. En última instancia, el pedido de los empresarios se orienta a una suerte de "mix" entre la adjudicación directa -es decir, eliminaría la licitación pública y garantizaría la continuidad en la prestación de los servicios a las cooperativas- pero les exigiría adecuarse a un marco regulatorio. El viernes habrá una nueva reunión con la comisión técnica que analiza la enmienda constitucional.