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Ferrari, con dos empresas en el juego de Entre Ríos

Alquilará tragamonedas durante 10 años y obtendrá el 50% de las utilidades. Lo hará a través de dos empresas controladas por allegados. Las firmas participaron de una licitación sin estar inscriptas en el Registro de Proveedores.

Vínculos. El directorio de Loterjet SA está integrado por Damián Scalesa, Claudia Bellani y Norberto Bocco, allegados a "Cacho" Ferrari.

PARANA, Entre Ríos (Por Oscar Londero, especial para "Río Negro")- El 11 de julio no será una fecha más para el empresario Damián Scalesa. Ese día el presidente de Loterjet SA pondrá a funcionar en el Bingo de Paraná, la capital de Entre Ríos, las 200 tragamonedas que le alquilará durante 10 años al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Con su emprendimiento, Scalesa –pri-mo del ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Sartor-, posibilitará el desembarco definitivo y legalmente reconocido en Entre Ríos de su jefe: Carlos "Cacho" Ferrari. Es que el hombre fuerte de Casinos de Río Negro SA había rubricado varios contratos con el IAFAS el año pasado. Pero las objeciones de los organismos de contralor provocaron que se los revocara a través de un decreto firmado el 26 de diciembre por el gobernador Sergio Montiel.

Por eso Ferrari concretará su vuelta a través de Loterjet SA (que también instalará 100 tragamonedas en el Casino de Paraná) y de Newtronic SA (que le alquilará 445 tragamonedas y 13 ruletas electrónicas al IAFAS). La primera tiene como negociador a su hermano Alfredo, según un poder especial conferido el 5 de setiembre de 2002, y la otra está presidida por su cuñado Norberto Bocco, que explotará 11 salas distribuidas en otras tantas ciudades entrerrianas.

Ambas empresas se quedarán con el 50% de las utilidades y tendrán la posibilidad de acceder a una prórroga de sus convenios por otros 10 años.

En falta

Los nuevos contratos fueron sellados el 27 de febrero, cuando tras la apertura de los sobres que contenían las ofertas, el IAFAS puso fin a la licitación privada 01/03. Sin embargo, la transparencia pregonada por el interventor del organismo, Antonio Boleas, no fue tal.

Si bien el 16 de enero la Lotería cursó invitaciones a ocho empresas, cuatro las rechazaron (Yabcar SA, Sasha SA, Casino Club y Crown Argentina SA) y otras tantas la aceptaron (Newtronic SA, Electric Line SRL, Loterjet SA e Hijos de Omar Cobián SA). Pero las que formularon sus propuestas el 7 de febrero no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores de la provincia, tal como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.

Las tres primeras cumplieron con el trámite el 21 de febrero, seis días antes de la adjudicación. Y obtuvieron habilitaciones correlativas: del 3.959 al 3.961, respectivamente. En tanto, la otra oferente –Hijos de Omar Cobián SA- se inscribió el 19 de febrero bajo el número 3.958.

Así se desprende de la respuesta que la Unidad Central de Contrataciones –a la que tuvo acceso "Río Negro"- brindó ante el pedido de informes presentado por el senador Daniel Rosas Paz (ARI-La Paz). Algo llamativo, dado que las empresas habían sido cuestionadas por el gobierno en diciembre pasado, cuando anuló los contratos firmados con el anterior interventor del IAFAS, Pablo Bertellotti.

 Un garito

Para justificar el cambio de opinión, el IAFAS dejó de lado los "contratos de coexplotación" de tragamonedas rubricados en el 2002 y optó por la figura del "alquiler" de las máquinas. Y mediante la reglamentación de un inciso de la ley de creación del IAFAS permitió la participación de privados en el negocio del juego, cuyo monopolio estuvo hasta el año pasado en manos del Estado.

Eso provocó que el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Oscar Rovira, ampliara el 5 de junio una denuncia presentada en setiembre del año pasado ante el Juzgado de Instrucción Número 4. El fiscal pidió que se investigue a Boleas y Montiel por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación agravada y asociación ilícita.

Tras cuestionar los convenios que permitirán la instalación de 893 tragamonedas y 26 ruletas electrónicas en 23 salas de Entre Ríos, Rovira sostuvo que el titular del IAFAS y el gobierno "están convirtiendo a la provincia en un garito de explotación de particulares".

Según el fiscal, "es un negocio que ha venido creciendo y que tiene nefastas consecuencias no sólo económicas, sino morales".

A su entender, "las máquinas electrónicas no han servido para otra cosa que para el lavado de dinero".Claro que la respuesta no se hizo esperar. Boleas se presentó espontáneamente ante el juez Héctor Vilarrodona, dijo que la FIA utilizó datos falsos para sostener su denuncia y no descartó querellar a Rovira.

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