Afiliados del Ipross se quejan por demoras en estudios

Las clínicas se resisten ante algunas autorizaciones.

Ello origina la mayoría de las actuaciones de auditoría.

La interventora defiende

La interventora en el Ipross, Adriana Gutiérrez, rechaza la posibilidad de desregular la obra social y defiende el sistema solidario.

Las demoras en las autorizaciones de estudios prestacionales -como diagnósticos de imagen- acumulan las principales quejas de los afiliados de la obra social provincial.

Así se advierte en las auditorías del Ipross, las cuales reconocen que hay resistencia de los prestadores sanatoriales en aceptar directamente los requerimientos médicos.

Los estudios siempre se cumplen, pero originan esos obstáculos para los afiliados, admite la interventora de la obra social, la contadora Adriana Gutiérrez.

La provisión de prótesis determina otro cruce de intereses que repercute en la atención prestacional. Esa entrega debe hacerla la Federación de Clínicas, pero los especialistas no siempre aceptan el material entregado por lo que el Ipross debe comprar otra prótesis. Gutiérrez reconoció que la obra social adquiere semanalmente de tres a cuatro, con costos de 6.000 a 16.000 pesos. Los valores de estas adquisiciones después son debitados parcialmente a la Federación de Clínicas.

Desde hace un año, el Ipross reinstaló auditores propios, que ya suman nueve: dos en Buenos Aires, Viedma y Roca; y un auditor en Bariloche, Cipolletti y Villa Regina. El convenio por cápita (el pago a prestadores según el número de los afiliados) requiere auditores para "saber y controlar qué le dan al afiliado" porque "la obra social no tiene acceso a la historia clínica", explicó  

Resistencia de los prestadores

La interventora reconoció que los auditores advierten "la resistencia de los prestadores sanatoriales en autorizar lo que se pide, como los estudios de diagnóstico por imagen. El costo es importante, entonces cuidan mucho el uso de los insumos".

En el mejor de los casos, las autorizaciones de la Federación tardan un día y, frente a diferencias de criterios, los audi

tores del Ipross lo autorizan para evitar que "el afiliado no dé vueltas, más cuando ya tuvo que ir al médico, pagar el coseguro en la delegación, lograr la autorización y luego pedir el turno para la prestación".

Al final, la interventora comentó que los prestadores se restringen, pero los médicos piden cosas y el afiliado siempre confía en ellos En otra parte, Gutiérrez manifestó que las auditorías también autorizan "otras prestaciones con débito a la cápita porque son facturadas y pagadas por la obra social".

La funcionaria manifestó que el caso más importante -en especial en la zona del Alto Valle- se advierte en las diferencias entre clínicas por la atención a los afiliados.

"Hay pacientes de localidades pequeñas que concurren a los centros de Roca y Cipolletti pero estos afirman que no les corresponden atenderlos. El Ipross paga y se le descuenta a la Federación porque es un problema que deben resolverse entre ellos ", dijo Gutiérrez.

Además, la interventora manifestó que los inconvenientes se originan porque ahora los convenios médicos y sanatoriales se firmaron individualmente con cada una de las federaciones. Incluso en General Roca existe otro convenio directo con el Colegio de Médico. "Antes, las diferencias por las prácticas casi no existían porque había un solo convenio, ya que ambas federaciones eran socias". (AV)

La interventora del Ipross, Adriana Gutiérrez rechazó cualquier propuesta de desregulación de la obra social."No responde al principio de solidaridad si-no a principios económicos, que fue una política que ya ha demostrado nefas-tos resultados y que los argentinos todavía sufrimos las consecuencias", dijo.

Gutiérrez respondió así a la propuesta del candidato a gobernador del Recrear, Agustín Argibay.

También la funcionaria salió al cruce de otros dichos del postulante, quien comparó al Ipross con el PAMI por sus situaciones de corrupción. "No se puede cubrir con un manto de sospecha el accionar de un organismo por el sólo hecho de necesitar prensa", respondió Gutiérrez.

Expresó que Argibay "tiene la obligación de denunciar claramente los hechos que a su juicio implican anomalías". Recomendó que "debe denunciar en forma urgente pues sus manifestaciones no sólo perjudican a funcionarios sino también a prestadores pero, especialmente, a los afiliados. Mal informar y confundir también merece ser repudiado".

Aceptó que Argibay "no coincida con la política de la obra social estatal" pero cuestionó que "un candidato caiga en estos métodos para hacer campaña" porque se trata de "una profunda contradicción entre su pretendido carácter progresista y los esquemas que dice querer combatir".

En su respuesta institucional, Gutiérrez preguntó si "sabe Argibay que dentro de los convenios firmados, el afiliado tiene libre elección entre más de 1.000 médicos y se puede atender en todos los establecimientos asistenciales de Río Negro". (AV)