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Ordenan la detención de militares en Salta

La Cámara Federal de Salta ratificó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final dictada por el juez federal Miguel Medina en el caso de los crímenes en el paraje Palomitas y ordenó el arresto de dos militares acusados por ese hecho ocurrido en 1976, en el que murieron 11 detenidos a cargo del Poder Ejecutivo Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales al señalar que la Cámara ordenó la restitución de las actuaciones al juez Medina y que este disponga la detención de los coroneles Carlos Mulhall y Miguel Gentil a fin de que presten declaración indagatoria sin el beneficio de la excarcelación Las fuentes indicaron que en la investigación de los crímenes conocida como "el caso Palomitas", el tribunal consideró que las leyes que amparaban a los militares "violan las normas constitucionales y los principio fundamentales sobre los cuales se asienta la organización institucional de la República" La causa abierta en 1983 investiga la muerte de once presos políticos que se encontraban detenidos en el penal de Villa Las Rosas y que fueron retirados de ese establecimiento para un supuesto traslado a una provincia vecina El hecho ocurrió el 7 de julio de 1976 y la versión del Ejército fue que los detenidos fueron muertos tras un intento de rescate por parte de un grupo guerrillero que había interceptado los vehículos en los que eran trasladados Pero una investigación posterior asegura haber determinado que los presos fueron ejecutados algunos en el paraje Palomitas, sobre la ruta 34, y otros en la comisaría de ese pequeño poblado, ubicado a escasos kilómetros de General Güemes. Por el hecho, fueron imputados entre otros los coroneles Carlos Mulhall y Miguel Gentile quienes revistaban en la Guarnición de Ejército Salta, cuyo procesamiento fue interrumpido por la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final Entre los presuntos responsables se encuentran además policías de la Provincia y el ex juez federal Ricardo Lona, quien actualmente enfrenta un proceso de destitución ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en este hecho. La resolución del tribunal establece que "no existe modo alguno de soslayar la declaración de la nulidad insanable de esas leyes" y alude también a una declaración reciente del ex presidente Raúl Alfonsín, quien sostuvo que dichas leyes "fueron sancionadas bajo la coacción de sectores de las Fuerzas Armadas para salvar a la democracia". (DyN)

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