La semana en Bariloche

Frente abierto

La indignación que exhibieron los dos inspectores cesanteados la semana pasada por el municipio y sus denuncias sobre supuestos actos de corrupción en distintos estratos de la administración municipal, tomaron la forma de una inesperada piedra en el zapato para el intendente Alberto Icare.

También amenazan con romper la inercia de silencio que tradicionalmente ningún municipal quiso romper, y que siempre entorpeció cualquier intento de conocer más sobre los supuestos manejos oscuros en áreas como fiscalización, transporte, acción social o el departamento tributario.

Javier Rosas y Hugo Roa, los despedidos, buscarán revertir por vía judicial la sanción que se les impuso por la retención irregular de productos navideños al inspeccionar a un supermercado.

El sumario fue tramitado por la Junta de Calificación y Disciplina y la resolución final contó con aval del SOYEM. Según los ex empleados, los dirigentes del gremio decidieron librarlos a su suerte pero "apañan a los que están con ellos, aunque cometan faltas mucho más graves".

Papeles en mano, relataron por ejemplo que una empleada emitió tiempo atrás un libre deuda en favor de una empresa que debía más de 35.000 pesos de tasas municipales. Una compañera descubrió el ilícito, pero fue desplazada a otra área y la que firmó el certificado de la polémica "no recibió ninguna sanción".

Ambos dijeron también que su suerte quedó echada cuando se quejaron porque "la bioquímica del municipio ofrecía servicios de su laboratorio particular" a los comercios que recibían intimaciones del municipio para realizar exámenes bacteriológicos en sus tanques de agua.

Apuntaron sus cañones contra el entonces jefe de Inspección General, José Danegger, a quien culpan de "proteger" a determinados comercios, que "trabajaron durante años sin habilitación" del municipio. Citaron casos como los de algunos lucrativos emprendimientos dedicados a alquilar equipos de nieve a los grupos estudiantiles. "Nosotros los descubrimos, los clausuramos, pero rompían la faja y seguían trabajando como si nada".

Según Rosas y Roa, "todo esto pasa porque el gremio cogobierna" y mantienen un acuerdo de convivencia cordial, "cuyo principal gestor es el secretario de Gobierno, Adolfo Fourés".

Icare consiguió regularizar el pago de salarios y mejorar la recaudación, logrando así que el municipio emerja de la zozobra perpetua de los últimos años. Pero el revuelo generado por las denuncias de los ex inspectores parece tener potencial suficiente para colocarlo en una posición nada cómoda.

El intendente y su secretario de Gobierno habían anunciado una "reestructuración profunda" del área de fiscalización, donde hace años que campean las arbitrariedades.

En febrero "intervinieron" Inspección General y desplazaron a Danegger. También constituyeron la Junta de Disciplina (inactiva por largo tiempo) e imaginaban que el despido de los inspectores sería señal suficiente de que no tolerarán mañas ni desvíos.

Pero todo parece indicar que para llegar hasta el hueso falta bastante. No sólo por la maraña de corrupción atribuida a Inspección General, sino por la indolencia con la que pasan las investigaciones internas sin que jamás aparezca un responsable. ¿Ejemplos?... Los estudios de transporte misteriosamente desapa- recidos en Tránsito, los artículos de perfumería robados en Acción Social, el desmadre del departamento Tributario que convierte en sospechable cualquier "libre deuda".

Aunque llegue tarde y bajo presión, la olla destapada por los dos municipales cesanteados tiene toda la forma de una cuña que puede servir para desmontar complicidades y dar pasos concretos hacia una gestión más transparente. Un recorrido sobre el cual el SOYEM tendrá también mucho para decir.

Daniel Marzal