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El gobierno quiere juzgar aquí a los represores
Beliz instó a la Justicia a construir soberanía.
El juez Canicoba y la Corte se demorarían.
BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, instó ayer a aprovechar la "oportunidad histórica" para que los represores sean juzgados en el país y exhortó a los jueces a "ir contra la impunidad" cuando la Corte Suprema estudia la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final "La justicia argentina tiene una oportunidad histórica", dijo Beliz al declararse "a favor de una justicia argentina que haga respetar la ley, que no establezca un concepto de reforzamiento de la impunidad y que construya soberanía a partir de la plena vigencia del derecho y las instituciones".
La exhortación del ministro tiene lugar en momentos en que se reabre el debate sobre la impunidad de los responsables a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976/83), a raíz del pedido de detención con fines de extradición a España de 45 militares y un civil La lista incluye figuras emblemáticas del terrorismo de Estado, como los ex comandantes Jorge Videla y Emilio Massera (en prisión domiciliaria por robo de bebés, un delito que no fue amnistiado), el ex marino Alfredo Astiz y el ex general e intendente electo de la ciudad de Tucumán, Antonio Bussi "A partir de ahora, a los que les corresponde opinar es a los jueces de nuestro país y esperemos que los jueces estén a la altura de las circunstancias", dijo Beliz El trámite de detención se resolvió rápidamente, ya que Canicoba Corral ya tiene a su disposición a 41 de los 44 involucrados que siguen vivos, pero el magistrado advirtió que el proceso de extradición llevará meses Garzón pidió sólo el arresto vía Interpol de los represores y ahora cuenta con 40 días para solicitar su extradición, a partir de la fecha de detención Para que se puedan reabrir las causas contra los más de 1.300 represores beneficiados con las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) existen dos caminos posibles Uno de ellos, que cuenta con las preferencias oficiales, es que la Corte Suprema de Justicia resuelva sobre el pedido de inconstitucionalidad de dichas leyes, que ya fueron declaradas nulas por tribunales de primera y se
gunda instancia Sin embargo, la decisión de la Corte podría demorarse porque su relación con el Ejecutivo no pasa por un buen momento Es por eso que podría cobrar importancia el otro camino, que es que los legisladores, quienes ya derogaron las normas pero sin efectos retroactivos, aprueben ahora anularlas, lo cual dejaría sin paraguas benefactor a los autores de delitos cometidos entre 1976 y 1983 Consultado sobre esta opción, Beliz confirmó que existen iniciativas de algunos parlamentarios y calificó las normas como "muy discutibles".
"Lo importante es que el Poder Ejecutivo ha hecho lo suyo. El Parlamento, como ámbito institucional, tendrá que dar su debate y nosotros lo vamos a seguir con atención", señaló el ministro y advirtió que "las heridas que están abiertas en la Argentina se cierran con justicia, no con impunidad".
Las encuestas revelan que Kirchner cuenta con amplio apoyo: 69% de los argentinos respalda la decisión de facilitar las extradiciones y 65,5% está de acuerdo con declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
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