Verani bajo acecho de juicio político

Lo pedirán los legisladores del ARI y el MPP. Causa: operaciones energéticas

Grosvald: yo acuso...

Desde dos planos diferentes de la política rionegrina se solicitará el juicio político para el gobernador Pablo Verani.

Por un lado lo reclamarán los dos diputados disidentes del ARI, Guillermo Wood y Eduardo Chironi.

Por el otro avanzará el legislador Guillermo Grosvald, del Movimiento Popular Patagónico.

Sin embargo, no se descarta que finalmente ambos bloques converjan y unifiquen criterios para lograr una única solicitud de juicio político.

El fundamento del reclamo se estructura sobre los incumplimientos con obligaciones constitucionales en que incurrió el gobernador para definir operaciones en el campo energético.

Como se sabe, ese incumplimiento fue denunciado el viernes por la comisión de la Legislatura provincial que investigó, entre otras, la venta de regalías hidroeléctricas, negocio en el que los rionegrinos perdieron más de cinco millones de dólares.

En declaraciones a este diario, Grosvald aseguró ayer que "en los próximos días habrá una presentación solicitando el juicio político de Verani. No está en condiciones de administrar la cosa pública, considerando que decretos firmados -como la venta de regalías y la renegociación con la Turbine Power- originaron millonarios perjuicios al Estado rionegrino".

En su evaluación, Grosvald comentó que esa presentación seguramente será acordada por los diputados Chironi y Wood. "También en su momento el le

gislador peronista Eduardo Rosso prometió su acompañamiento al pedido de juicio político", agregó.

El juicio político se prevé en el artículo 150 de la Constitución Provincial. Expresa que el gobernador, vice, los ministros y los jueces del STJ pueden ser "denunciados ante la Legislatura por incapacidad física o mental sobreviviente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por delitos comunes o por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo".

Cualquier acción de este tipo ingresa a la sala acusadora, pero inicialmente es una comisión menor la que "investiga la verdad de los hechos en que se funda la acusación". Esa comisión tiene un plazo de 45 días para dictaminar, lo cual se presenta a la sala acusadora (integrada por la mitad de los miembros de la Legislatura), que sólo puede aceptar la continuidad del proceso con "el voto de las dos terceras partes de sus miembros".

Si es aceptada por la sala acusadora, la denuncia pasa a la sala juzgadora (que se conforma con la otra mitad del cuerpo legislativo) y continúa el juicio político. (AV/AR)