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Consideran que Cafiero ya no tiene fuerza para poner en caja a "la Bonaerense"

Solá quiere al juez Bonadío al frente de Seguridad

Los días de Cafiero al frente del ministerio bonaerense estarían contados. El amplio paquete antidelitos provocó fuertes disputas entre poder político, la policía, gendarmes, jueces y los fiscales.

La ola de inseguridad afecta las posibilidades de reelección de Solá y prepara otra medida fuerte.

BUENOS AIRES (ABA).- Mientras Juan Pablo Cafiero, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, revisa antecedentes de comisarios para encontrarle un nuevo jefe a la Policía provincial, el gobernador Felipe Solá estaría decidiendo su reemplazo: ya habría tanteado al juez federal Claudio Bonadío para saber si aceptaría la cartera más conflictiva del momento.

"El gobernador le va a dar una última oportunidad a Cafiero, pero si no hay avances concretos en la lucha por la inseguridad antes de fin de mes, tendremos nuevo ministro en agosto", señaló a "Río Negro" un alto funcionario del gobierno nacional Felipe Solá está aquejado por el tiempo: el 14 de setiembre irá por su reelección, y sabe que con la actual ola de delitos le será difícil retener la gobernación. Sobre todo porque tendrá que competir con dos hombres "duros" que basan su campaña en sus propuestas de seguridad: el ex carapintada Aldo Rico y el ex comisario Luis Patti.

Funcionarios, jueces, fiscales, policías, gendarmes y prefectos están enfrascados y enfrentados en un debate cada vez más caliente. Nadie parece tener la fórmula para enfrentar al flagelo de la inseguridad. El gobierno de Kirchner lanzó una intervención de hecho sobre la Seguridad bonaerense, al obligar a Solá y Cafiero a firmar un convenio de coparticipación donde se autoriza a la gendarmería y a la prefectura, fuerzas federales, a realizar detenciones en la provincia sin la aprobación de la policía bonaerense.

Aunque no lo dicen en voz alta, los colaboradores de Norberto Quantín -secretario de Seguridad de la Nación- estiman que Cafiero ya no tiene la fuerza necesaria para "poner en caja" a la bonaerense, una fuerza que reúne 45 mil efectivos y está sospechada de amparar varias ramas del delito en el conurbano, en especial el robo de autos y los desarmaderos. El ex fiscal tampoco está dispuesto a actuar con la cautela que supuestamente exigen los tiempos electorales.

Solá, de hecho, le advirtió a Gustavo Beliz, ministro de Justicia de la Nación, que un ataque a fondo contra la policía provincial en este momento le podría provocar una situación de caos total en la provincia antes de los comicios. Teme, de hecho, que la fuerza se sienta amenazada y termine declarando "zona liberada" al Gran Buenos Aires.

Quantín y José María Campagnoli, subsecretario de Seguridad, sospechan incluso que detrás de la ola de inseguridad podría haber una mano negra. Y miran con desconfianza a las huestes de Rico y Patti.

En el conurbano se producen cuatro muertes violentas por día y un secuestro cada dos días. Hay un delito cada cinco minutos. Y se roban más de 11 mil autos por mes; las estadísticas señalan que el 40 por ciento de los homicidios son a causa de robo de automóviles. El cordón bonaerense es un cóctel explosivo, donde la delincuencia y la corrupción policial se confunden en una red estructural Sin embargo, el problema de fondo de Solá y Cafiero es la imposibilidad para investigar a la Bonaerense. No hay capacidad ni voluntad suficiente: Asuntos Internos es un mero departamento administrativo de la fuerza.

El delito, encima, es buen negocio para la policía. Porque ante la ola de inseguridad se acrecienta el mercado de la seguridad privada. Según estadísticas del ministerio de Justicia, el 70 por ciento de los propietarios de las principales agencias de seguridad del conurbano son policías o ex policías. Además, buena parte de los 80.000 vigiladores privados son en realidad policías que hacen "horas extras".

Gonzalo Alvarez Guerrero

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