La investigación sobre la CEB va a la Justicia

La decisión la tomó el procurador Mántaras y cosecha fuerte respaldo

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las irregularidades y desmanejos comprobados por la comisión legislativa que investigó a la CEB serán examinados ahora por la justicia penal, según lo resuelto por el por el procurador general de la provincia Hugo Mántaras.

El legislador que encabezó la comisión, Roberto Medvedev, expresó su conformidad con la acción impulsada por el jefe de los fiscales y consideró que la decisión de Mántaras "ratifica la seriedad de una investigación, que llevó dos años de trabajo".

La comisión emitió el mes pasado su informe final (aprobado por todos los bloques), según el cual la CEB incurrió en negocios ruinosos "que pusieron en riesgo la normal prestación el servicio eléctrico" a los barilochenses.

Los legisladores atribuyeron las falencias de gestión a Leonardo De Ferrariis, (quien ejerció la presidencia durante 14 años, hasta que renunció en julio de 2002) y también a los consejeros que durante años avalaron cada decisión.

La responsabilidad también abarcaría a los organismos de control provincial como el EPRE y la dirección de Cooperativas, por no haber impedido ni sancionado las supuestas irregularidades señaladas por la comisión.

El legislador Juan Bolonci (PJ) descontó que luego de la feria judicial el fiscal de turno "deberá pedir las medidas de prueba que crea conveniente" También opinó que el juez actuante debería citara cada uno de los involucrados, "incluso al actual intendente Alberto Icare", quien durante años estuvo a cargo del área de asistencia social de la Cooperativa.

Los legisladores analizaron balances, contratos y cientos de actas del consejo de Administración y debieron pulsear también con las anteriores autoridades de la CEB, que por todos los medios buscaron frustrar la investigación.

En el voluminoso dictamen final observaron que la Cooperativa "se apartó de su objeto social" explotando otros negocios como telefonía, Internet, saneamiento o tevé por cable, que "comprometieron su patrimonio".

El dictamen destaca entonces que todo este proceso terminó a la larga traduciéndose "el alto costo de la tarifa eléctrica" pagada durante años por el conjunto de los barilochenses.

Ahora la Justicia buscará determinar si en esa toma de decisiones se cometieron delitos.