Derogarían el decreto que protege a ex represores

Es el que impide las extradiciones

Los jueces deberán decidir sobre los pedidos

La extradición del represor Cavallo genera inquietud en círculos militares.

El gobierno tiene decidido derogar un decreto que protege a los militares acusados de crímenes durante la última dictadura de ser extraditados para enfrentar juicios en el exterior, según revelaron fuentes gubernamentales.

"Se está trabajando en función de una instrucción del presidente (Néstor Kirchner) de encontrar el andamiaje jurídico legal para derogar el decreto", dijo ayer a la agencia británica Reuters una fuente de la cancillería.

De este modo parece empezar a explicarse por qué el presidente Kirchner removió a inicios de su gestión la cúpula de las Fuerzas Armadas para dejar a jóvenes generales que no estuvieron en los años de la dictadura militar.

La anulación del decreto de extradición firmado por De la Rúa, que se haría mediante otro decreto, dejaría en manos de los jueces la decisión de aceptar o no las peticiones que lleguen desde el exterior Los magistrados deberán evaluar si los delitos por los que son solicitados ya fueron juzgados o perdonados en Argentina. En esa instancia entran a escena las leyes de obediencia debida y punto final que fueron aprobadas durante los gobierno de Alfonsín y Menem. Esas leyes dejaron fuera del alcance de la justicia a cientos de militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos.

Si el magistrado que recibe un pedido de extradición considera que las leyes de perdón son inconstitucionales -como ya han hecho algunos tribunales inferiores en fallos apelados por los incriminados- o que el delito no fue juzgado en Argentina, podrá iniciar una causa en el país o aceptar la extradición.

La representante para los Derechos Humanos de la Cancillería, Alicia Oliveira, sostuvo que "tenemos que cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de juzgamiento en relación a los derechos humanos. Así que mientras no podamos juzgar en nuestro país porque existen leyes que lo impiden, tenemos esta obligación de extraditarlos", aseveró.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay, consultado acerca de si los jueces podrían fallar en contra de esas leyes, dijo que "pueden hacerlo porque ya hay muchos fallos de primera y segunda instancia que las han declarado inconstitucionales".

Sin embargo, cualquier decisión de los jueces podría ser apelada y llegar a la Corte Suprema, donde desde hace meses está pendiente una causa en la que el máximo tribunal debe definir si las leyes de amnistía son o no constitucionales.

"Desde el punto de vista jurídico, yo no tengo dudas de que son inconstitucionales. Varios tratados internacionales que Argentina aprobó y que tienen jerarquía constitucional claramente hablan de la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos y que no pueden ser amnistiados", dijo Sabsay."

La inquietud en los cuarteles creció en los últimos días por dos casos:

Uno, cuando se concretó el proceso de extradición de México a España del ex marino Ricardo Cavallo, acusado de terrorismo y genocidio.

El otro por el inicio en el Chaco del proceso contra 10 militares por la muerte de 22 prisioneros políticos en el caso que se conoce como la masacre de Margarita Belén. (Reuters y DYN)

No declaró Martínez de Hoz

El ex ministro de Economía de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz no concurrió ayer a los tribunales federales, donde estaba citado a prestar declaración indagatoria en una causa por presunta fuga de divisas Según explicaron fuentes judiciales, fue la propia jueza Servini de Cubría quien ordenó postergar la audiencia por problemas de agenda La supuesta fuga de divisas habría sido cometida a través del Banco General de Negocios (BGN), cuyo directorio Martínez de Hoz integra desde 1995 De acuerdo a las constancias de la causa, una cantidad no determinada de clientes denominados "vip" consiguieron transferir dinero al exterior cuando ya estaban vigentes las restricciones impuestas por el "corralito", a finales de 2001. (DYN)