Duras sanciones contra el tráfico de datos

BUENOS AIRES.- El gobierno dispuso ayer severas sanciones para aquellas empresas que trafiquen datos comerciales o crediticios de las personas, que incluyen multas de hasta 100.000 pesos, tanto como el inicio de acciones penales o cierre de las compañías demandadas Así se estableció hoy a través de la disposición 1/2003 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. "La norma tiene como fin velar por la seguridad de los datos personales, para que no sean traspasados sin el consentimiento de la persona, y asegurar la transparencia de los mismos, en los casos en que éstos no sean verdaderos, ya sea a través de una rectificación o supresión", explicó el titular de esta dirección, Juan Antonio Travieso De acuerdo a lo establecido en la disposición 1/2003 que se publicó ayer en el Boletín Oficial, se establecieron multas desde 1.000 a 3.000 pesos para infracciones leves; de 3.000 a 50.000 para las graves y de 50.000 a 100.000 para las muy graves, "sin perjuicio de otras sanciones administrativas que pudieran corresponder de acuerdo a la gravedad del daño ocasionado" al honor del individuo "Toda persona es dueña de sus datos, y eso lo ampara la Constitución Nacional, por eso cualquier entidad debe contar con el consentimiento expreso del individuo para transferir información personal", explicó el funcionario. Agregó que "es un derecho constitucional que sus datos personales sean verdaderos y que de no ser así se los rectifique o suprima". Según dijo, si una persona siente violados algunos de estos dos derechos puede recurrir a la acción judicial, a través de un habeas data ante el juez, o administrativa, por medio de esa dirección Estas sanciones tienen como correlato "el mal del siglo XXI, que es la proliferación del tráfico ilegal de datos personales", según indicó el funcionario. Hace un mes, la dirección que preside Travieso denunció que datos de millones de ciudadanos argentinos estaban siendo vendidos por la empresa privada Choice Point -a 40 pesos cada uno- al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a otros países latinoamericanos. (Télam)