Miércoles 30 de julio de 2003
		Los desarmaderos y el delito
		Por Martín Lozada
		La ofensiva contra la inseguridad lanzada por el presidente Néstor Kirchner el 2 de julio pasado ha cosechado ya sus frutos en un sector delincuencial específico: los desarmaderos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Desde su inicio se adoptaron distintas medidas tendientes a reforzar la prevención con más policías, gendarmes y prefectos en la calle. Y, simultáneamente, desde el Ejecutivo nacional se advirtió con claridad que el delito deviene de la exclusión social y que su estallido guarda relación con una clase política que en los últimos tiempos no ha estado "a la altura de las circunstancias". Pero el presidente fue aún más lejos. Ante una formación de la Policía Federal apuntó contra "la corrupción de los cuadros innobles de la fuerza", a la vez que sostenía que la inseguridad es también producto de "policías infieles" que han incumplido sistemáticamente sus deberes públicos. Lo cierto es que en el orden nacional el delito comenzó a crecer en 1994 y 1995 a los niveles hoy conocidos. Para entonces, triunfaba y se consolidaba la ideología de la desaparición del Estado. Pero con la paradoja que mientras se retiraba de áreas de trascendencia social, como la educación, la salud o el financiamiento de créditos a la pequeña o mediana empresas, se reforzaba la estructura represiva con mayor presencia policial, más cárceles y penas más duras. Prueba de la relación entre deterioro social y delito resultan las cifras de las que hoy disponemos. En 1991, el 10% más rico de la sociedad ganaba 15 veces más que el 10% más pobre. Diez años después la brecha se duplicó: en el 2001 el segmento de mayores ingresos ganaba 30 veces más que los más pobres. En el mismo período de tiempo también se duplicó la cantidad de delitos. El sistema de desarmaderos constituye un sector delictivo que incluye el mercado de cigüeñales, guardabarros, puertas, ópticas, semiejes y hasta volantes, así como otras piezas automotrices de variada índole. Se trata, según estimaciones del Ministerio de Justicia, de un negocio que recauda alrededor de 400 millones de pesos por año. Los puntos de inflexión que determinaron la ofensiva en este particular frente son dos: por un lado, las puebladas que empezaron a extenderse por el Gran Buenos Aires y el interior provincial. Sobre todo, la de Lanús, donde la gente reclamó intensamente por el asesinato de dos jóvenes a los que les intentaron robar el auto. Por el otro, el brutal aumento de la tasa de homicidios en ocasión de robo de autos, que hoy representa el 40% del total de homicidios dolosos en todo el país. Además, entre sus víctimas, el porcentaje de policías es muy alto. Los resultados de esta iniciativa contra las mafias de los desarmaderos son elocuentes: el intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, informó que en Ramos Mejía, donde robaban mil autos por mes, el promedio está bajando a menos de 700. En Avellaneda, el robo de autos habría descendido a menos de la mitad. Y en San Isidro, la reducción rondaría el 30%. A esta ofensiva le ha seguido una serie de transformaciones institucionales que tal vez sean de utilidad en el futuro. Ahora la Policía Federal se encuentra bajo la administración del Ministerio de Justicia, mientras que hasta hace poco tiempo atrás dependía del Ministerio del Interior; es decir, de la cartera política del Ejecutivo. Como señaló recientemente el secretario de Seguridad de la Nación, Norberto Quantín, esa relación de dependencia del aparato policial con el poder político hizo que paulatinamente suprimiese la investigación de todos los ilícitos vinculados con un capítulo del Código Penal: los delitos contra la administración pública. Prueba de ello es que la mayoría de los grandes negociados y los hechos de corrupción tomó estado público gracias a investigaciones periodísticas y no como consecuencia de pesquisas policiales. Otra de las medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia de la Nación para que mejoren las condiciones de seguridad es la creación de fiscalías en los barrios de la Capital Federal. Ya existen tres en funcionamiento: una en el barrio de Saavedra y las otras dos, de creación más reciente, son la de La Boca-Barracas y la de Pompeya-Parque Patricios. Medida que apunta a posibilitar un mayor acercamiento entre vecinos y funcionarios judiciales. La puesta en marcha de una política contra el crimen que sea realista, seria y sometida a las exigencias del Estado de derecho, no es tarea fácil, ni que pueda producirse de un día para el otro. Sin embargo, el gobierno nacional ha dado prueba de afrontar algunos de los desafíos que hicieron de la sociedad argentina un sector de fundado riesgo y temor.
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