Sábado 26 de julio de 2003
 

Juicios sobre la "guerra sucia" cambian la Justicia en América

 

Por Carlos Andrade García

  La reapertura y juzgamiento de los casos de delitos sucedidos durante los regímenes militares que gobernaron América Latina en las décadas del "60 y "70 apuntalarán la reforma de su sistema judicial y recuperarán la confianza de una población agobiada por la pobreza y la violencia, opinaron fuentes judiciales. "Había una sensación de que la Justicia estaba en deuda (...) Hoy día aparece como un actor bastante independiente e incluso, a veces, políticamente molesto por seguir con estas causas cuando probablemente los gobiernos quisieran más bien olvidarse de ellas", dijo el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Juan Enrique Vargas.
"Hay que verlo (el juzgamiento de ex represores) como una oportunidad para apuntalar su justicia, su independencia, su rol social y dentro del sistema político y democrático de nuestros países", agregó ayer en una entrevista con Reuters durante una visita a Quito. "Es un activo que hay que aprovecharlo en función de los cambios", afirmó.
Las declaraciones de Vargas ocurrieron en momentos en que la Argentina dio un paso histórico al derogar un decreto que bloqueaba la extradición y juzgamiento en el extranjero de los integrantes de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. La decisión del presidente argentino Néstor Kirchner abrirá las puertas para que los jueces de ese país resuelvan los pedidos de extradición emitidos por cortes extranjeras contra militares y civiles para que enfrenten acusaciones por secuestrar, torturar y asesinar a entre 10.000 y 30.000 personas.
Por su parte, las cortes chilenas están acelerando el tratamiento de los casos vinculados con la desaparición de unas 3.000 personas entre 1973 y 2000 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras, la Justicia de Guatemala cerró el paso a las intenciones del ex dictador Efraín Ríos Montt para postularse a la presidencia y Perú está procesando las denuncias de torturas y matanzas extrajudiciales ocurridas en gobiernos democráticos.
A lo largo de las últimas dos décadas, con la participación de distintos sectores y con una fuerte inversión, América Latina entró con fuerza en una reforma de su sistema judicial para sustituir el modelo inquisitivo que rigió por siglos por uno acusatorio, técnico y oral. El accionar de las nuevas estructuras en la región en casos polémicos -como los originados por la "guerra sucia" o la corrupción- está dotándolas de la "presencia y fuerza que es tan importante para el estado de derecho de la democracia", dijo Vargas. Sin embargo, hace falta acelerar las reformas para que provean "cosas perceptibles" que satisfagan la sed de justicia que tienen los habitantes de una de las regiones más violentas del mundo. Para Vargas, urge mejorar los esquemas de rendición de cuentas, atención de las víctimas y seguimiento de los procesos. "Los aumentos de los niveles de inseguridad ciudadana lo que hacen es presionar más a la reforma para que cumpla con lo que ofreció (...) De hecho hay países en los que efectivamente la reforma está procesando muchos más casos y siendo mucha más rápida en castigar el delito", declaró Vargas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que la creciente violencia y crimen le cuestan a la región entre un cinco y un 25% anual de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el costo de la seguridad privada oscila entre un ocho y un 25%.
(Reuters)
     
     
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