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Lunes 21 de julio de 2003 | |
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Pueblo pobre en un país rico |
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Por Mario Alvarez |
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| Allá por febrero de este año, el PEN emitió el decreto Nº 204, creando las Unidades de Emergencias Legales (UEL), en búsqueda se decía- de una salida decorosa que permitiera rescatar del pantano a los cientos de miles de argentinos endeudados con el sistema bancario a lo largo de todos estos años de rapiña financiera. Fracasado aquel intento (su puesta en marcha no era obligatoria para el banco, no tenía carácter vinculante y además no suspendía ni interrumpía los plazos procesales, es decir: las ejecuciones seguían adelante), al gobierno no le quedó otra alternativa que suspender por noventa días las ejecuciones hipotecarias que involucraban a viviendas únicas. Ello, a pesar de la oposición expresa del FMI, razón por la cual luego tuvo que utilizar uno de los famosos "perdones" (o "waiver") para que una nueva delegación de este organismo aceptara volver al país, buscando -entre otras cosas- dinero y seguridad jurídica para las corporaciones financieras que desde hace ya bastante tiempo representa, traicionando, de tal manera, la inspiración fundacional de John M. Keynes. Ahora, y aparentemente superado el enojo de nuestros "controladores de vuelo", los bancos retoman su energía y así -por ej.- el Banco de la Nación Argentina se ha encargado de informarles a sus miles de deudores hipotecarios que, una vez vencido el plazo para "entrar en el sistema" (como gustan en llamarle a esta instancia cuyos plazos manejan ellos mismos) y obtener la "reprogramación" o "refinanciación" de las deudas, quedarán expuestos a inminentes ejecuciones judiciales o a la prosecución de las ya iniciadas. Sabido es que casi todas las hipotecas del BNA tienen que ver, directamente, con el aparato productivo nacional (más de 15 millones de hectáreas comprometidas en préstamos de esta categoría), razón por la cual era de suponer que las condiciones impuestas para acceder a la nueva operatoria iban a ser relativamente "blandas". Nada de eso. Por el contrario, un productor que en el 2000 debía poco más de 150.000 pesos, hoy adeuda 290.000. La "reprogramación" que le propone el BNA lo obliga a pagar un pequeño adelanto y los gastos administrativos. Luego, en 8 años, su compromiso trepa a algo más de 60.000 pesos anuales, con vencimientos semestrales de intereses. Imposible en las actuales condiciones. Días atrás, durante una reunión llevada a cabo en Villa Regina con más de cincuenta chacareros (solamente en esa ciudad hay más de trescientos productores endeudados con el BNA), los rostros de preocupación hablaban por sí solos. Han ido a pedir el estado actual de sus saldos deudores y se han encontrado con sumas impagables. Es que los "valores-promedio" de las tasas de interés aplicadas a los créditos concedidos a los pequeños y medianos productores exceden, en mucho, sus posibilidades reales y es ilusorio pretender devolver el capital prestado sobre la base de la evolución de su actividad productiva. Estudios serios llevados a cabo en el Alto Valle indican que -a la fecha- los chacareros no sólo tienen comprometido el valor de la tierra, sino que sus deudas con el sector financiero equivalen a toda su estructura productiva actual. La estrategia oficial de los años 90, bajando de modo significativo los aranceles a las importaciones y un tipo de cambio fijo muy bajo con respecto a su valor real, no solamente incrementó el flujo importador sino que desafió severamente la actividad exportadora nacional. Los únicos que pudieron escapar de esta situación fueron los más grandes, los mejor preparados, los más informados, los que pudieron desplegar conocimiento y capacidad técnica a discreción. En fin, quienes a través de su poder económico y financiero controlaban (y controlan) los diferentes mercados. El resto, fuertemente endeudado, ha tenido que aceptar las estrictas (y muchas veces abusivas) reglas de un juego monopólico que no le deja resquicio para defender el precio de su producción ni la forma de pago de la misma. De allí el elevadísimo porcentaje de concursos y quiebras observados en todo el sector, incluyendo chacareros, jugueras y tradicionales plantas de empaque. Este creciente modelo de acumulación no sólo actúa como expulsor de los pequeños y medianos productores, sino también de quienes dependen salarialmente de ellos, es decir, trabajadores rurales. Todos ellos, carentes de opciones en el sector productivo, tampoco están preparados para encontrar nuevos horizontes laborales en las áreas urbanas que los reciben. Asociados forzosamente a ese éxodo, dado que pierden su mercado de consumo, se suman comerciantes y diversos rubros de servicios instalados en la zona. Lo mismo ocurre con las pequeñas y medianas industrias, tanto las asociadas con la actividad frutícola como la que provee al mercado de consumo interno. En síntesis, este proceso de destrucción del tejido productivo amplía severamente el cuadro de exclusión social y deja sin opciones a muchísimos productores, que junto con sus familias han pasado los mejores años de su vida trabajando la tierra, hoy asechada por el sector financiero, bancario y extrabancario. Estos crecientes contingentes de excluidos son los nuevos condenados por el sistema rentístico instalado en el país durante la década de los "90. En el marco de una estrategia integral de ataque a las causas estructurales del atraso y la pobreza, urge recalcular la evolución en el tiempo de los saldos deudores, revisando las tasas de interés aplicadas, mientras que el PEN tiene que disponer la suspensión de las ejecuciones hipotecarias que hoy agobian al sector productivo nacional, diseñando un programa de financiamiento que les permita a los deudores no sólo sanear su economía, sino también recuperar la tenencia efectiva de sus tierras, recomponiendo la capacidad operativa perdida. Caso contrario, no nos sorprendamos cuando leamos estadísticas que reflejan, una y otra vez, datos de destrucción sistemática de un valle que alguna vez supo ser exhibido como ejemplo productivo de la Argentina y que hoy expulsa por la puerta de atrás a familias enteras de productores. Datos contradictorios. De riqueza posible y pobreza visible. Los mismos datos que alguna vez le sirvieron al Banco Mundial para ponerle título a un informe lapidario referido a la Argentina y su gente: "Pueblo pobre en un país rico". |
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