Jueves 17 de julio de 2003
		Educación para el consumo,otra asignatura pendiente
		Por José Luis Laquidara (*)
		La Constitución Nacional, en su artículo 42, prescribe que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, estableciendo que las autoridades proveerán a la protección de los derechos y a la educación para el consumo. En 1994, la Convención Nacional Constituyente determinó la necesidad de observar y hacer observar estos mandatos, que a más de ocho años de su vigencia nos dejan planteados varios interrogantes sobre su efectivo cumplimiento por parte de autoridades y administrados. Particularmente me refiero al tema de la educación para el consumo, como parte integrante de un contexto mayor que ha sufrido la paulatina pauperización de sus contenidos y resultados. Y no es porque no se haya avanzado sobre el tema en otros países de América y de la región, sino porque particularmente en nuestro país no se ha cumplido con el imperativo constitucional de manera acabada, salvo contadas excepciones. Extrayendo algunos datos de las "Reflexiones para un diálogo en torno a la educación del consumidor/a" publicado en Santiago de Chile por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Consumers International en octubre del 2001, pueden citarse las primeras experiencias piloto en escuelas de los Estados Unidos llevadas a cabo en los años "60, que originaron los programas implementados trece años más tarde en treinta estados de ese país, como cursos independientes o como tema transversal. La experiencia norteamericana fue una buena base para el desarrollo de iniciativas similares en el continente europeo. La resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en 1971, denominada "Educación del consumidor en las escuelas", generó mejores condiciones para esta actividad, lo que se vio reforzado cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1985 las Directrices para la Protección del Consumidor, subrayando en forma destacada la importancia de las actividades educativas en consumo. Actualmente, aunque con desniveles y desafíos pendientes, la educación del consumidor está incorporada a los programas educativos en Estados Unidos y Europa. Como se ha visto, la educación para el consumo no implica novedad alguna. Al respecto se ha dicho que su carácter interdisciplinario, su puesta en práctica a través del asociacionismo cívico, sus relaciones con la educación ambiental y para la salud, así como su desarrollo mediante la aplicación de talleres y otras metodologías, completan un cuadro que indudablemente ofrece atractivas perspectivas de estudio e investigación. Además, su importancia en la actual sociedad y el papel aún más relevante que está llamada a jugar nos obliga a reflexionar seriamente sobre la educación del consumidor y desarrollar aún más sus posibilidades. Hacia fines de los años "70 las organizaciones de consumidores asiáticas impulsaron numerosas iniciativas de educación popular, incluyendo los nuevos temas que surgen como consecuencia de la incorporación de los países en desarrollo al movimiento mundial de consumidores. En 1984 se constituyó en esa región una red de educadores en consumo que, pese a su transitoriedad, dio un impulso importante al desarrollo del tema. En América Latina y el Caribe debemos entender que las acciones educativas en consumo son una eficaz vía difusora de derechos y cuya razón de ser está en contribuir, a partir de la salvaguarda de los intereses cotidianos de las personas, a la construcción de conductas éticas que sustenten, afirmen y profundicen la convivencia democrática y respetuosa entre las personas, en armoniosa relación de la humanidad con la naturaleza. Aspectos tan serios pero elementales como la canasta básica y los precios del mercado, la protección jurídica, los productos y medicamentos peligrosos, alimentación, publicidad, género y consumo, apoyo a la voluntad asociativa y creación de organizaciones de consumidores fueron algunos de los temas pioneros en el desarrollo de las primeras experiencias educativas para el consumo en nuestra región. A partir de 1990, luego de la celebración de la Segunda Conferencia Regional de Consumers International, se incrementaron notablemente las experiencias educativas llevadas a cabo mayoritariamente en el ámbito de la educación popular, con el concurso de las asociaciones de consumidores. Por su naturaleza, la educación del consumidor se enlaza con las temáticas de la protección ambiental, género, salud, población y derechos humanos. Por ello, las organizaciones de educación popular y otras de la sociedad civil que trabajan ésas y otras temáticas tienen la posibilidad de incorporar la mirada del consumo a sus actividades específicas, facilitando una multiplicación de la capacidad de expansión e inserción social de las acciones educativas en consumo. Si bien la educación del consumidor ha logrado su espacio en la región, no ha sucedido lo mismo en la Argentina. Es necesario asumir que todavía hay una distancia importante en relación con las necesidades y demandas existentes. Es preciso fundamentar mejor los objetivos y contenidos de las propuestas educativas en vigencia, evitando que sean demasiado generales y no se distingan sus etapas y modalidades. Extender las acciones educativas apoyando mejor el trabajo de las organizaciones de consumidores, establecer acuerdos entre éstas y el sector público para elaborar nuevos proyectos utilizando las nuevas tecnologías de información e incorporando la temática al currículum mediante contenidos y objetivos y su carácter valórico puede ser, por su significado, un referente común a todas las asignaturas, que influencie la práctica docente y la cultura de cada centro educativo. Uno de los retos más serios de la democracia es su capacidad de formar a la población, llegando con más decisión a los espacios comunitarios y reconstruyendo el espacio de lo público. La educación del consumidor contribuye a que el mercado de bienes y servicios se constituya en un ámbito de organización que respete la dignidad de sus miembros y promueva la acción ciudadana. Es necesario promover la sistematización de las numerosas experiencias que tienen lugar en la región, distinguiendo las exitosas de aquellas que no lo son y estableciendo las causas de los aciertos y los errores. Lo ineludible es empezar de una vez y continuar con las acciones sistemáticamente. Se trata de una tarea urgente cuya materialización depende no sólo de la voluntad política de los gobiernos y que influirá en la necesaria igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones de consumo. (*) Abogado, docente universitario.
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