Domingo 6 de julio de 2003
		El caso del estudiante
		Por Héctor Mauriño
		Hace poco más de 20 días, el estudiante universitario Sergio Avalos, un chico de 18 años, que cursa su primer año de Economía, fue con sus compañeros a la bailanta Las Palmas y nunca más se lo volvió a ver. Nadie, ni los familiares, ni los profesores, ni sus compañeros; ni tampoco la policía y la Justicia saben con certeza qué le ocurrió a este chico de origen humilde, sano y buen estudiante a quien ninguno vio salir de la bailanta: se lo tragó la tierra. Hubo una versión de la que se hizo eco el ministro de Gobierno, Oscar "Cacho" Gutiérrez, que daba cuenta de que el muchacho habría subido a un taxi para alejarse del lugar. Pero la versión fue descartada cuando el taxista admitió que se había equivocado de persona. Desde luego, el hecho de que no existan constancias de que Sergio saliera del boliche la noche del 14 de junio pasado no implica, en definitiva, que no lo hiciera. En el plano de la investigación, ninguna hipótesis ha sido descartada. Aunque se trabajó con mayor énfasis sobre la bailanta y, mal que le pese al gobierno, sobre la propia policía. Ante el desconcierto reinante, el hecho de que nadie lo viera salir del local bailable cobra mayor énfasis aún. En esta línea de razonamiento, los investigadores allanaron por lo menos en dos oportunidades el local y secuestraron las cintas de video con las grabaciones de la noche en que Sergio se esfumó. Pero las mismas sólo habían grabado hasta las 3 de la madrugada, sin que nadie pueda explicar la omisión. También se tomó declaración a empleados del local y a efectivos policiales y del Ejército que brindan seguridad allí. Algo natural teniendo en cuenta que los denominados patovicas, presentes en todos los boliches, han dado que hablar a lo largo del país por los incontables casos de lesiones y hasta homicidios en que se vieron envueltos. Los ojos de los investigadores también se posaron sobre una de las instalaciones del boliche, el denominado "cuartito blanco", cuya función nominal es la de enfermería, pero que en los hechos sería el lugar a donde son conducidos, no precisamente por las buenas, revoltosos y remisos en tránsito a la comisaría o, quién sabe, a algo peor. En el otro extremo de estos razonamientos, los responsables de Las Palmas se quejaron de la presunta animosidad hacia el bailable y ciertamente no pusieron obstáculos a la investigación. Aunque tampoco se privaron de usar todos los medios a su alcance para justificarse ante la opinión pública. En ese contexto, los empleados llegaron a realizar la semana pasada una marcha paralela a la organizada por familiares, compañeros y profesores de Avalos, creando la sensación de un insólito contraataque. Aunque lo visto hasta aquí no autoriza en modo alguno a cargar la responsabilidad sobre Las Palmas, sería ingenuo negar que una de las hipótesis apunta al comportamiento de los custodios, ante la eventualidad de que algún exceso -tan común en el país- hubiera desencadenado una tragedia. La jefatura de la Policía acaba de ordenar a sus efectivos que de ahora en más deberán cumplir la función de seguridad en los boliches vestidos de uniforme. Una decisión que aparece como tardía, si lo que persigue es eliminar la discrecionalidad que muchas veces proporciona el anonimato. A diferencia de lo que ocurre con personal del Ejército, que brinda este tipo de servicios de manera individual y sólo debe informar del mismo a sus superiores, en el caso de los policías existe un nexo con la fuerza que involucra su responsabilidad institucional. Existe una ordenanza que regula la seguridad en los boliches, pero en el caso de los patovicas quedan muchos aspectos oscuros sobre los alcances de su actividad, lo que abre la puerta a eventuales excesos. Las Palmas es un comercio que ha crecido mucho en los últimos años, incorporando una enorme superficie; flota de vehículos, equipo electrógeno, emisora FM y desde luego ejército propio de patovicas. Por desgracia, en esto que parece un buen negocio, los controles no se verifican en la misma medida, lo que involucra la responsabilidad de las autoridades. Así, por un motivo u otro, el boliche no ha cesado de dar que hablar. Baste recordar que fue embargado hace unos años por la deuda con Sadaic. Contratiempo que la firma solucionó mudando de razón social: ya no es Las Palmas sino El Fuerte, aunque todo el mundo siga usando el nombre original. En el 2001, un chico falleció al caer de espaldas dentro del local, cuyos planos recién fueron presentados a la comuna en el 2002. Según los registros municipales serían, en fin, numerosas las violaciones a la hora de cierre. Todo esto, sin contar el reciente cabezazo que mandó a un inspector al hospital. Esos antecedentes, sumados a la creciente inquietud por la suerte de Sergio, llevaron esta semana a la municipalidad a retirarle la licencia comercial por falta de estacionamiento. Como se puede ver en este caso, el mayor problema en el país no parece ser la ausencia de normas, sino la reticencia de muchos a cumplirlas y la relativa laxitud de las autoridades. Esto involucra a la municipalidad y al gobierno provincial. Lejos de rechazar que se esté investigando a la policía, como sostuvo días atrás, el ministro Gutiérrez aclaró ayer que "no puedo decir que ningún policía haya tenido que ver con esto". Acaso el gobierno no quiere que un fantasma se atraviese en la campaña electoral. Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar
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