 |
||
 |
Martes 1 de julio de 2003 | |
 |
Vigilancia vecinal en
|
|
Por Martín Lozada |
||
| La iniciativa de crear un cuerpo de vigilancia vecinal en Villa La Angostura se produce en un contexto nacional signado por los recientes crímenes de Arequito y Arrecifes. Ellos pusieron de manifiesto el grave deterioro que en materia de seguridad sufren los pueblos y las pequeñas localidades tradicionalmente tranquilas y con un reducido índice delictivo. Tal como ha sido difundido por este diario, el proyecto descansa sobre la constitución de un equipo inicial de seis personas que recorrerán permanentemente la villa y que ante cualquier actitud sospechosa darán aviso a la Policía. Los vigilantes estarán dotados de equipos de comunicación tipo VHS, vehículos 4 por 4 y también de caballos para realizar los recorridos. Su objetivo apunta a involucrar a los vecinos en tareas de prevención de delitos, sobre todo contra la propiedad. Y también a infundir tranquilidad a los residentes, turistas, agentes de viaje y prestadores de servicios en la localidad. Las puebladas vividas en Arequito y Arrecifes pusieron en crisis a la organización policial, así como cuestionado su capacidad para gravitar como factor preventivo y disuasorio de comportamiento reñidos con la ley penal. Por eso, han planteado con gran énfasis la puesta en funcionamiento de mecanismos que permitan a la sociedad civil realizar un seguimiento directo, diario y obligatorio de las acciones de la Policía. La participación ciudadana en materia de seguridad nos remite a un modelo de policía que guarda distancia de aquél tradicionalmente ensayado en nuestros sistemas sociales: fuertemente centralizado, de marcada estructura jerárquica y que mantiene una relativa distancia con los vecinos y las organizaciones comunales. La policía de "orientación comunitaria o de proximidad", por el contrario, reconoce otros principios de organización y funcionamiento. Tiende a incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad, mediante su participación en diversas iniciativas que permiten prevenir más efectivamente la comisión de delitos. Y lo hace privilegiando estrategias a nivel local, en la unidad geográfica más pequeña correspondiente al barrio, vecindario y municipalidad. En su faz operacional implica una presencia más visible en las calles y un contacto más directo con la ciudadanía. La unidad policial grande y diseñada "hacia dentro" abre paso a unidades reducidas, estratégicamente ubicadas. El patrullaje motorizado se complementa con otros practicados a pie o en bicicleta, y se acrecienta el contacto con la gente mediante visitas a sectores de la comunidad y reuniones periódicas con representantes de la misma. Esta proximidad ha recogido interesantes logros tras algunos años de experiencia en los Estados Unidos, Canadá y ciertas ciudades de nuestro subcontinente sudamericano. Tal es el caso del proyecto "Viva Río", que en Río de Janeiro se implementó a comienzos de la presente década, de las actividades dirigidas a las bandas juveniles de Medellín y de los proyectos impulsados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que se ejecutan desde 1998 en varias ciudades de Centroamérica. Pero en ningún caso debe olvidarse que por muy importante que sea la participación vecinal en las estrategias de seguridad ciudadana, éstas se enmarcan en una problemática que hace a la estructura general del Estado. En ese sentido resulta conveniente desarrollar un ambiente ideológico pro-público que estimule la capacidad de gestión estatal a través de la construcción de administraciones públicas meritocráticas, bien incentivadas y con capacidad para gerenciar en contextos de incertidumbre y turbulencia. Tanto la pobreza estructural como el delito guardan estrecha vinculación con el marcado deterioro en la prestación de servicios sociales básicos por parte del Estado. Pero ambos fenómenos también se hallan ligados a los condicionamientos que en materia económica han venido imponiendo los organismos internacionales de crédito y a su incidencia en la disminución del gasto público. La ola privatista de los años noventa no sólo contribuyó a producir los llamados "nuevos pobres", sino que además, simultáneamente, indujo a un importante aumento del índice delictivo en la Argentina. A su sombra se multiplicaron geométricamente las policías privadas y se privatizó lo que hasta entonces había sido -y constitucionalmente es y sigue siendo- un derecho común a todos los ciudadanos: el acceso a condiciones seguras de existencia. La presencia privada en la materia no es, sin embargo, un patrimonio exclusivamente nacional. En algunos países europeos los efectivos policiales dirigidos por compañías privadas ya igualan (es el caso de Dinamarca, Luxemburgo, Suecia o el Reino Unido) e incluso superan a la fuerza pública (en Polonia y Hungría la proporción entre policías privados y públicos es de 2 a 1). La entusiasta iniciativa de la comunidad de Villa La Angostura debería ir acompañada de una serie de definiciones fundamentales a la hora de pensar la seguridad pública. Entre otras, concretamente: ¿qué se entiende por participación de la comunidad en las tareas de vigilancia, y qué fines y objetivos pretende con ella alcanzarse? Pero, sobre todo, debería responder al desafío de no convertir a los vecinos en custodios de un orden circunscripto tan sólo a la protección de la propiedad privada. Es decir, en agentes al servicio de un orden sin proyecto comunitario ni dimensión social. |
||
|
Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación |
||
 |
|
|
 |
||