Pedirán que se devuelva lo pagado de más por la luz

Las conclusiones de la comisión legislativa que investigó los negocios energéticos dejaron mucha tela para cortar. Ahora pedirán que se devuelva a los usuarios lo que pa

La Defensoría del Pueblo tendrá que evaluar en los próximos días si existe la posibilidad de reintegros a los usuarios por el sobrecosto energético abonado durante cinco años, a partir del contrato de renegociación entre Río Negro y la Turbine Power.

Mientras tanto, el Superior Tribunal de Justicia analizará un mandamus, por el cual se reclamará a los órganos de control que cumplan efectivamente con sus funciones.

Ambas acciones se generan tras las conclusiones de la comisión legislativa que analizó cuatro operaciones energéticas en la gestión del gobierno de Pablo Verani. Entre ellas, los diputados concluyeron que la renegociación de Río Negro del precio de la energía con la generadora Turbine Power determinó un sobrecosto que originó -entre 1996 y 2001- un pago adicional de 34 millones de dólares.

Este monto fue abonado inicialmente por la ERSA (unos cinco millones) y luego por los usuarios (otros 29 millones). Un prorrateo del total equivale a unos 225 pesos por usuario y por los cinco años.

Las primeras acciones consecuentes con esas conclusiones legislativas serán formalizadas en las próximas horas por Magdalena Odarda, en representación del ARI Río Negro.

A la Defensoría del Pueblo se solicitará que asuma la "defensa de los usuarios y consumidores rionegrinos en los reclamos judiciales", incluyendo el análisis para que "se devuelva la diferencia en el pago de tarifas que debieron abonar los rionegrinos en el período 1996-2001" por la renegociación del contrato de abastecimiento de la Turbine.

En las conclusiones del dictamen, la propia comisión legislativa consideró que "los órganos de Río Negro que tienen la responsabilidad funcional de velar por la intangibilidad de los derechos de los usuarios deberán determinar acciones necesarias para restablecer un equilibro perdido en desmedro del interés público".

En otra parte, los diputados plantean "analizar la intervención u omisión de los organismos de contralor, que fueron evidentemente ineficientes".

Asimismo, el informe de los legisladores es contundente en cuestionar el control del Tribunal de Cuentas -integrado en 1996 por Leonor Zamborain y los actuales Pedro Casariego y Rubén Gianni- y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que ocupaba entonces Pedro Funes (ahora en el Tribunal de Cuentas). También, en casos puntuales, la comisión se quejó por el accionar de la Fiscalía de Estado y el Ente Provincial Regulador de Electricidad.

En esa línea de evaluación, Odarda adelantó que el próximo lunes presentará un mandamus en el STJ en el marco del artículo 44 de la Constitución Provincial para "demandar la ejecución del deber de contralor de los organismos públicos competentes". Esta presentación se corresponde a las observaciones legislativas por la renegociación de la Turbine y la contratación de venta de regalías hidroeléctricas.

El artículo 44 expresa que "para el caso de que esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución imponga a un funcionario o un ente público administrativo un deber concreto, toda persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento puede demandar ante la justicia competente la ejecución inmediata de los actos que el funcionario o ente público administrativo hubiere rehusado cumplir". (AV)